La obligación que el gobierno de Alfredo Cornejo impuso -mediante decreto- a los empleados públicos para que acrediten no ser morosos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), puso en pie de guerra a los gremios estatales.
La mayoría ya confecciona acciones judiciales que presentarán en breve a la Suprema Corte pidiendo su inconstitucionalidad. Aunque algunos irán más allá y plantearán medidas cautelares para que la medida no se aplique.
El pasado 14 de agosto, el Gobierno sorprendió con la publicación, en el Boletín Oficial, del decreto 1.267. Allí, si bien garantiza la persistencia de trabajadores contratados y de adscripciones y adicionales a empleados de planta para el trimestre agosto-octubre, condiciona su continuidad para noviembre si los agentes no presentan un certificado “de libre deuda o plan de pago vigente” en ATM.
Según el Gobierno, la medida se tomó “para crear cultura tributaria”. Sin embargo, desde el principio los gremios la cuestionaron. A todos les pareció “discriminatoria” y prometieron acciones judiciales. La acción común -aunque no conjunta, ya que cada uno irá por su cuenta- es el pedido de inconstitucionalidad.
El argumento es que la norma viola las condiciones de igualdad que plantea el artículo 14 bis de la Constitución nacional. “Atenta contra el principio de que a igual tarea, igual remuneración”, señaló Carlos Vega, abogado de Sitea, gremio que “el lunes próximo” impugnará el decreto.
Para Vega, la norma “modifica las condiciones de los contratos” sobre la marcha, es decir que cambia las reglas de juego. “Cuando el empleado firmó su contrato, no se le planteó que lo perdería por no estar al día con ATM”, explicó.
Además, el letrado consideró “extorsiva” la medida y que “va en contra de la estabilidad de los trabajadores”.
Desde lo político, el secretario general de Sitea, Federico Lorite, calificó de “persecutoria” la actitud del Gobierno.
“Si algún empleado tiene deuda, como puede tenerla cualquier ciudadano, es porque con lo que cobra no siempre alcanza para pagarlas”, lanzó. Criticó que el Gobierno no mida con igual vara. “La ATM, que tiene otras herramientas como el apremio o la carta documento; no persigue del mismo modo a los grandes evasores”, aseguró.
En similar línea se expresó Roberto Macho, de ATE. “A los grandes empresarios les condonan deuda y a nosotros nos persiguen”, resaltó. Informó que entre hoy y mañana llevará a la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad.
Adelantó también que presentará una medida cautelar para que la Justicia obligue al Ejecutivo a dar marcha atrás. “El decreto implica una coacción y es discriminatorio. No puede ser aplicado”, dijo. Aunque advirtió que si igualmente se aplica, “habrá demandas judiciales individuales”.
También tienen pensado encarar una cautelar los profesionales de la Salud, de Ampros. Aunque en su caso esperarán a último momento.
“Vamos a ver qué nos responde el Gobierno. Tenemos tiempo”, indicó Carlos Alico, asesor legal del gremio.
Efectivamente, las acciones judiciales pueden presentarse dentro de los 30 días desde la publicación de la norma.
Alico planteó la duda sobre el efecto del decreto. “¿Cómo harán para quitar adicionales? ¿Dejarán a los hospitales sin médicos?”, se preguntó.
