Los gremios estatales Sitea, Ampros, Judiciales y ATE se concentraron ayer en el Centro Cívico para repudiar una acción judicial impulsada por una ONG a la que vinculan con el gobernador electo, Alfredo Cornejo, que -según indican- atentan contra los derechos de los trabajadores. Se reunieron en Casa de Gobierno, cortaron una de las vías de Peltier y luego marcharon al Palacio Judicial.
El plan de lucha se desencadenó cuando la ONG Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh) presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la provincia frene los pases a planta permanente del Estado y obligue al Gobierno de turno a realizar llamados a concurso para acceder a cargos públicos.
Desde los sindicatos aseguraron que están pidiendo la anulación de los acuerdos paritarios y que los denunciantes están vinculados a Cornejo.
Recalcaron que la acción es violatoria de los derechos de los trabajadores a organizarse y a paritar por sus condiciones de trabajo y de salario, derechos que están amparados por pactos internacionales, la Constitución Nacional y la ley nacional de paritarias.
“Lo lamentable es que a los trabajadores se les impide que puedan progresar en el ingreso a cargos públicos y no se investigan los pases que ha dado el Gobierno a dedo. Dentro de los pases nuestros no hay ningún funcionario”, expresó Isabel Del Pópolo, titular de Ampros.
Víctor Hugo Dagfal, secretario de Sitea, dijo que se ponen muchas trabas para evitar los ingresos a planta permanente de gente que lleva años trabajando en el Estado: “Hay un tapón que está provocado por el contador general de la Provincia, quien evidentemente está trabajando con el futuro Gobierno”, agregó.
En esta misma línea, Roberto Macho, de ATE, indicó que pese a los acuerdos paritarios no se ha categorizado al personal, no se han cambiado los regímenes ni se han hecho los pases a planta permanente de los trabajadores conforme a lo acordado.
Los gremios agrupados bajo el ala de la CTA autónoma hicieron una presentación para que la Corte no haga lugar al recurso interpuesto por el Cladh.
Ahora son los jueces Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez los que deben resolver si aceptan o no lo que pide la ONG.
Desde el cornejismo ratificaron que no tienen nada que ver con la presentación e insistieron con que la postura de los sindicatos, según el futuro oficialismo, desvía el “foco de atención”, que evalúan debe centrarse en la complicada situación financiera de la Provincia, tal como quedó demostrado una vez más ayer con el pago escalonado a los empleados públicos.
