Enojados y preocupados, representantes de Sitea, Ampros, Judiciales y ATE dieron ayer una conferencia intergremial. Es que una ONG presentó en junio una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la provincia frene los pases a planta permanente del Estado y obligue al Gobierno de turno a realizar llamados a concurso para acceder a cargos públicos.
Desde los sindicatos aseguran que están pidiendo la anulación de los acuerdos paritarios y que los denunciantes están vinculados al gobernador electo, Alfredo Cornejo.
“Es un antecedente grave. No había sucedido nunca en estos años de democracia. Es violatorio de los derechos de los trabajadores a organizarse y paritar por sus condiciones de trabajo y de salario, derechos que están amparados por pactos internacionales, la Constitución Nacional y la ley nacional de paritarias. Nos parece que es un muy mal comienzo para el gobernador entrante. La Suprema Corte nos ha dado vista al pedido formal que realizamos para contestar la presentación de estos abogados radicales vinculados a Cornejo”, expresó la secretaria general de ATE, Raquel Blas.
Justamente, los gremios agrupados bajo el ala de la CTA autónoma hicieron ayer una presentación para que la Corte no haga lugar al recurso interpuesto por la ‘organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro’, tal como define en su página el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh).
Ahora son los jueces Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez los que deben resolver si aceptan lo que pide la ONG o si ‘hacen caso’ a los gremios. Hay que tener en cuenta la vinculación de cada uno de los magistrados. Nanclares y Pérez Hualde se relacionan con la UCR, mientras que Gómez con el PJ.
De todas maneras, en el ámbito del cornejismo dijeron no tener nada que ver en este tema y se preguntaron por qué los sindicatos hacen estas acusaciones y desvían el “foco de atención” que es, según su entender, el descalabro financiero que reina hoy en Mendoza.
La voz de la ONG
En comunicación con Los Andes, desde el Cladh aseguraron no estar vinculados con el mandatario que asumirá en diciembre y remarcaron que con su accionar no buscan que echen a nadie.
“Desde 1983 en adelante ha habido un incremento de la planta estatal muy grande y peronistas ni radicales han hecho nada. El Estado contrata a través de la locación de servicios. Es el primer ‘negrero’ laboral, y deja en planta a los amigos. No hace concurso, no tiene en cuenta la idoneidad y con ello viola la igualdad. Queremos que todos los contratados que pasaron a planta, sigan. Lo que hemos pedido es que se intime al Gobierno a que llame a concurso para que puedan competir como corresponde y se dé oportunidad el 90% de la población mendocina, que no está representada por gremios”, se explayó Ignacio Boulin, que es secretario y uno de los fundadores de la ONG.
Respecto de los sindicatos, el abogado analizó que no deberían criticarlos a ellos sino estar de su lado ya que ambos quieren lo mismo: que se llame a concurso para ingresar al Estado.
“La Suprema Corte viene fallando sistemáticamente para que haya concurso. Es una oportunidad histórica para resolver un problema. Esperamos que frenen los pases a planta y obliguen al Gobierno, tanto de ‘Paco’ (Pérez) como de Cornejo o de quien venga, a llamar a concurso para que se terminen los acomodos políticos”, deslizó Boulin.
En tanto, la titular de Ampros, María Isabel Del Pópolo, dijo que “la ONG en pos de los DDHH se toma el atrevimiento de ir contra los derechos de los trabajadores y cuestiona los pases a planta y acuerdos paritarios. Lo lamentable es que a los trabajadores se les impide que puedan progresar en el ingreso a cargos públicos y todos los pases que ha dado el Gobierno no los investiga. Dentro de las pases nuestros no hay ningún funcionario”.
Hoy habrá una movilización a Casa de Gobierno
Sumando una más a las protestas que vienen realizando en los últimos meses, hoy los gremios que nuclean a estatales irán a Casa de Gobierno por la acción de inconstitucionalidad que presentó el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Son representantes y afiliados a Sitea, Ampros, Judiciales y ATE.
“A las 9.30 vamos a Casa de Gobierno y desde allí marcharemos al Poder Judicial por la reivindicación de nuestros derechos. Estamos viendo que el próximo Gobierno va a tomar medidas contra los ‘laburantes’. Están haciendo una instalación social, inclusive a través de los medios, para justificar a Cornejo cuando empiece a echar gente”, dijo Federico Lorite, secretario adjunto de Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza).
