Gremialistas exigieron la derogación de la reforma previsional y rechazaron el Megadecreto

Sindicalistas de varios sectores exigieron hoy la derogación de la Ley de Reforma Previsional; rechazaron el megadecreto de "desburocratización" del Estado; reclamaron negociaciones colectivas libres y sin topes; repudiaron la eliminación de la paritaria docente y aseguraron que respaldarán a los gremios que "se declaren en conflicto".

Este posicionamiento quedó plasmado en la "Declaración de Mar del Plata" titulada "Quien quiera oír que oiga", difundida luego de una reunión privada y un asado en un hotel gastronómico de esa ciudad, del que participaron los líderes cegetistas Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y los dirigentes de camioneros Hugo Moyano, de bancarios Sergio Palazzo, de judiciales Julio Piumato y el anfitrión Luis Barrionuevo.

El documento, que será presentado al consejo directivo de la CGT, repudió de forma enérgica "los recortes a los jubilados" y reclamó "la derogación de la Ley de Reforma Previsional ya sancionada", y señaló que la central obrera ofrecerá su asesoramiento jurídico gratuito para iniciar las acciones judiciales y las medidas pertinentes.

En la declaración, los líderes sindicales exigieron al gobierno paritarias "libres y sin topes" y adelantaron que la central obrera "no acompañará el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Ejecutivo en un contexto en el que la verdadera intención fue sancionar la iniciativa previsional".

Los sindicalistas rechazaron el DNU 27/18, en especial en lo relacionado con "la inembargabilidad del salario -como determinan las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, la prohibición de disponer de los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para la timba financiera y el inconstitucional desfinanciamiento del sistema de la seguridad social".

El texto resaltó que en 2015, "muchos depositaron su esperanza en un cambio positivo que corrigiese lo que estaba mal y sostuviese lo bueno, que luchara contra la inflación que come el salario, contra la pobreza y que dotase a la República de más institucionalidad".

Sin embargo, los líderes gremiales consideraron que el actual es "un gobierno de CEOs, directores, accionistas, dueños de empresas locales y multinacionales que asumieron con total desparpajo, afectando la ley de ética pública al conservar acciones e injerencias en sus compañías y beneficiando de forma ostensible sus intereses".

Además, rechazaron "el aliento desde el Estado de la desafiliación sindical, lo que es una práctica desleal", y "la anulación por decreto de la paritaria docente", como también "las denuncias mediáticas, judiciales y tributarias a través de un aparato comunicacional afín y con amenazas de auditorías", todo lo cual procura deslegitimar a los gremios ante la sociedad para avanzar sobre "el salario y las condiciones laborales".

"El gobierno, en dos años, solo provocó la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios; condonó y blanqueó deudas de evasores; redujo el haber de los pasivos y de los beneficiarios de programas sociales; llenó las góndolas con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo local; endeudó el país de forma inaudita e hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres", concluyó el documento gremial.