Los diputados griegos adoptaron ayer a última hora de la noche por corta mayoría el nuevo plan de austeridad plurianual reclamado por la UE y el FMI para seguir dando asistencia financiera a Atenas, anunció el Parlamento.
La mayoría de los diputados conservadores y socialistas de la coalición tripartita de gobierno dieron el visto bueno a las medidas, que prevén un ajuste de más de 18.000 millones de aquí a 2016, a pesar de la manifestación anterior frente al parlamento de unas 70.000 personas en contra de este plan.
Pero el gobierno ha visto su mayoría teórica de 176 escaños reducida a 153 debido a la disidencia (abstención o voto en contra) de seis diputados socialistas y de un parlamentario conservador. Quince diputados del pequeño partido de la izquierda moderada se abstuvieron, tal y como lo anunciaron, y el 16º votó en contra.
Toda la oposición, 128 diputados de los 299 presentes, votaron en contra.
La aprobación del texto era un condición sine qua non impuesta por la UE y por el FMI para reanudar la entrega de ayuda financiera a Grecia, que sin ella podría encontrarse en cesación de pagos a finales de mes.
Represión
Más de 70.000 manifestantes según la policía, algo más según los medios, se manifestaron ante el Parlamento contra este nuevo plan de ajuste. La concentración fue dispersada por la policía.
Al cabo de dos horas de concentración pacífica, bajo una lluvia que no paraba, grupos de manifestantes encapuchados lanzaron proyectiles contra la policía, a lo que los agentes respondieron con gases lacrimógenos.
Después de tres años de austeridad y cinco de recesión, la población protesta contra el nuevo paquete de rigo.
Las medidas, contenidas en un solo artículo de 400 páginas, prevén recortar los sueldos más altos del funcionariado, desde el jefe del Estado Mayor del Ejército hasta los profesores de universidad, pasando por policías, bomberos y hasta jueces, que este miércoles tacharon la medida de "anticonstitucional" e "ilegal". Los sueldos de los diputados, en cambio, se mantienen.
También se prevén un aumento de la jubilación a 67 años, recortes en las pensiones de más de 1.000 euros mensuales, la partida de miles de funcionarios, una mayor desregulación del mercado laboral, la apertura a la competencia de profesiones protegidas y aumentos de impuestos sobre el gas y el tabaco.
La aprobación de estas medidas, junto con el presupuesto estatal para 2013, que será votado el domingo, es una condición para que los acreedores de Grecia, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), le entreguen los 31.200 millones de euros correspondientes al siguiente tramo del rescate financiero.
Sin ese dinero, Grecia podría encontrarse en cesación de pagos a finales de mes.
