La Argentina está comenzando a experimentar una seria crisis en su sistema previsional generada por el abuso en el uso de los fondos previstos para atención y a la multiplicación de programas sociales atendidos con dichos fondos. El sistema jubilatorio, además, no atiende a todo el país, ya que hay provincias que tienen su propia Caja de Jubilaciones para, esencialmente, los empleados estatales de la misma. Por otra parte, de los mismos fondos hay que atender una multiplicidad de regímenes especiales que tuvieron vigencia y, aunque se cortaron, los beneficiarios de los mismos no pueden ser privados de los derechos adquiridos.
El actual sistema previsional, que fue un retorno a una estrategia de reparto después de haber transitado un tiempo, un mecanismo de capitalización, está lleno de distorsiones que nada tienen que ver con el sistema de reparto. Una red de este tipo necesita cuatro trabajadores activos por cada pasivo para no ser deficitario. En Argentina hay 6 millones de trabajadores activos y 2 millones entre autónomos y monotributistas, mientras hay 8 millones de jubilados, de los cuales 3 millones accedieron al beneficio vía moratoria, sin haber hecho aportes. Claramente, el sistema no se puede sostener en estas condiciones.
Pero el panorama se agrava porque al mismo presupuesto del Anses se le han adicionado las Asignaciones Universales por Hijo, por embarazo y otras prestaciones. Entre jubilaciones y asignaciones, sumados a los 3 millones de empleados estatales, hay 21,5 millones de argentinos que todos los meses reciben un cheque del Estado. De un Estado sólo sostenido por 8 millones de trabajadores contribuyentes. Dado que la carga es tan desigual, los que contribuyen son sobrecargados con más impuestos, aunque todo parece estar llegando a un límite.
Los sistemas previsionales han sido el problema que puso en grave crisis a las economías europeas hace diez años, de la cual no puede salir sino es contrayendo grandes niveles de deuda. Mientras las economías funcionen no se notará, pero cuando tengan algún problema, aquellos saltarán. Alemania fue quien primero tomó medidas, aumentando la edad jubilatoria de 65 a 68 años en 2010 y pasará a 70 años en 2020. Respuesta a una anomalía del sistema que no preveía que la expectativa de vida crecería tanto por los avances de la ciencia frente a una caída notable de la tasa de natalidad, lo que hace que la población sea, en promedio, cada día más vieja.
En Argentina el problema es más grave porque aún hoy subsisten situaciones especiales, algunas de los cuales son muy particulares. En la provincia de Mendoza años atrás se sancionó un régimen jubilatorio muy especial para los jueces. Además de asegurarles ajuste por inflación, cuando nadie lo percibía, los jueces locales fueron equiparados a magistrados nacionales y entre los beneficios, se les concedió el 82% móvil de la jubilación. Como el régimen nacional no contempla este mecanismo, la provincia debe girar a la Nación mensualmente la diferencia, afectando el Presupuesto provincial. Lo mismo ocurre con la jubilación de los docentes, que ganaron una pulseada a un gobierno local hace años.
Aún subsisten jubilaciones de privilegio para ministros del Poder ejecutivo nacional, para diputados y senadores nacionales, ya que si bien ya no existe el régimen, permanecen los beneficios para miles de beneficiarios. La coexistencia de estas distorsiones con los planes de ayuda social, en medio de un creciente envejecimiento de la población, han generado una situación prácticamente inviable. En medio de una severa crisis fiscal, donde el Estado ya no puede sufragar sus gastos, la revisión de estos temas es crucial para evitar la quiebra definitiva del mismo.
Algo similar plantea el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al proponer una reforma previsional que exigirá una edad jubilatoria de 65 años a los hombres y 60 a las mujeres. Los primeros deberán tener 35 años de aportes, mientras que las mujeres deberán acreditar 30 años. El sistema actual concedía el beneficio con antigüedad pero sin límites de edad. Bolsonaro no ha podido avanzar en un plan de capitalización, similar al chileno, pero ésta sola reforma ya ha causado mucho revuelo. Sea o no popular, mirar al futuro es el rol de las dirigencia responsables.
