El estacionamiento medido en la ciudad de San Martín cubre más de 40 cuadras y fue privatizado a comienzos de 2014, luego de la mala experiencia que el servicio tuvo en manos de la comuna.
Sin embargo, la licitación tampoco parece haber dado resultados y la administración privada mostró graves deficiencias e irregularidades que pagaron los conductores y los empleados; ahora y tal como adelantó Los Andes, el municipio rescindió la concesión que estaba a nombre de la Asociación Trabajadores de la Seguridad (ATSE) y desde el viernes 6 el servicio volvió al control estatal.
Esta decisión unilateral que tomó la comuna al dar por terminado el contrato desencadenó una grave crisis entre el municipio y ATSE, que presentó un recurso de amparo para frenar la medida y además, denunció ante la fiscalía de Delitos Complejos a dos funcionarios municipales por el supuesto pedido de coimas a directivos de la empresa.
La historia arranca a comienzos de 2014. En ese momento y apenas ganada la licitación, ATSE puso a la empresa Estacionamientos Argentinos como gerenciadora, una firma que desde el inicio mostró problemas con las condiciones laborales del personal y el atraso en los sueldos; pero además, hubo graves irregularidades con los usuarios, ya que se detectaron decenas de casos en los que se cobraba estacionamiento fuera de los horarios o calles autorizados.
El asunto terminó en setiembre con la desvinculación de la gerenciadora y la toma de control por parte de ATSE. “Además de las deudas que recibimos de la gerenciadora, tuvimos otros problemas que le planteamos a la comuna: nos encontramos con menos boxes de los que figuraban en la licitación, detectamos que el director Vial, Juan Domingo Chirino, vendía obleas de estacionamiento gratuito sin autorización y también vimos que se hacía difícil cobrar a los conductores, porque no hay ningún sistema implementado que penalice a quienes no pagan”, explicó María Eugenia Godoy Lemos, secretaria de ATSE y aseguró: “Tanto Chirino como el secretario de Gobierno, Oscar González, nos pidieron $ 20.000 de coima para solucionar esos problemas”.
Según Godoy Lemos, al negarse a pagar la coima, los funcionarios municipales “comenzaron un hostigamiento hacia la empresa, al punto que se reunieron con los empleados para decirles que debían organizarse en cooperativas si querían seguir trabajando, porque nos iban a quitar la concesión”.
Godoy Lemos asegura que “pese a los problemas estamos prácticamente al día con los empleados y con el canon municipal ($ 120.000 mensuales), solo debemos enero”.
Sin embargo, el secretario de Gobierno sostiene que la deuda con la comuna supera los $ 400.000. “El año pasado le pedimos a ATSE que regularizara su situación, que se pusiera al día con los empleados y con la comuna; ese era el plan A y si no cumplía teníamos un plan B que era rescindir la concesión y mantener la relación laboral con los empleados de manera directa. Esto último es lo que hicimos”.
González niega cualquier ofrecimiento de coima: “Le aseguro que no tienen ninguna prueba”, afirma y dice que los boxes que se restaron a la concesión son los que se marcaron para uso de discapacitados y desconoce que desde el municipio se hayan vendido obleas de estacionamiento gratuito.
Hoy, un grupo de 25 chicos respaldados por la comuna cobra por estacionar en algunas de las calles donde el servicio existía, mientras ATSE espera a que se resuelva su recurso de amparo.
“Nos quitaron la concesión porque no quisimos pagar coimas”, dice Godoy Lemos. Y González contesta: “Estoy a disposición de la justicia, no ofrecimos coimas y cuando todo esto se aclare, ATSE tendrá que pagarme por los perjuicios que me está ocasionando”.
