El presidente recientemente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, suele sorprender con sus afirmaciones. Pero la realizada recientemente, al asegurar que conoce la identidad de 900 mil personas que, siendo oficialistas votaron por su adversario político, provocan una dura lesión a la democracia y debió generar la reacción de sus pares americanos.
Maduro, un dirigente sindical que llegó al cargo más alto del país “bendecido” por Hugo Chávez, fue un incondicional al ex presidente y junto a él dirigió las relaciones exteriores en una gestión que intentó -y en muchos casos logró- extender su denominada revolución bolivariana. Sin embargo, con la desaparición física de Chávez, Maduro debió enfrentar, solo, una Venezuela dividida en dos como consecuencia de una política basada en la imposición y el avance sobre las instituciones, especialmente sobre la prensa.
Fue evidente que la campaña preelectoral no le resultó para nada fácil. Debió recurrir a nombrar decenas de veces al “comandante” en cada uno de sus discursos y hasta movió a la sonrisa cuando utilizó alegorías insólitas, como la “aparición” de Chávez convertido en pajarito para desearle suerte en los días previos a las elecciones.
El magro triunfo electoral, por apenas 1,49% por sobre el opositor Henrique Capriles, no hizo más que profundizar el nerviosismo, tanto en Maduro como en el chavismo. La Junta Electoral se negó al recuento de sufragios que pidió Capriles, mientras en el Congreso la oposición no sólo recibió agresiones físicas sino que se les prohibió la palabra mientras no reconocieran el triunfo de Maduro.
Intentó vestirse de conciliador al afirmar que iba a citar a los dueños de los medios de comunicación para hablar de “una nueva cultura de paz en las televisoras y radios, para que hagamos una alianza por la vida”, pero inmediatamente después cargó con fuerza contra la televisión “por promover la deslealtad, la traición y la violencia” y contra el titular de un diario que había criticado al Gobierno, al indicar que tenía “el diablo en el cuerpo”.
Pero lo más grave de todo, lo que lesiona seriamente la democracia y genera preocupación, actual y futura, fue la afirmación de que tenía los nombres, “con cédula de identidad y todo” de 900 mil compatriotas que no votaron por él en los comicios de abril pasado.
Sus palabras recibieron duras calificaciones de parte de Capriles y de uno de los cinco integrantes del Consejo Electoral, quien llegó a manifestar que se trató de un acto de “coacción pública”.
Romper o lesionar el secreto del voto es aplicar un duro golpe a la democracia e instalar un manto de sospecha y temor a los ciudadanos a futuro, cuando deban volver a las urnas. Es por ello que llamó la atención el silencio que mantuvieron los gobiernos del resto de los países latinoamericanos, que se habían manifestado muy celosos -con una fuerte dosis de razón- cuando en un juicio político acelerado, pero dentro de lo que establece la Constitución, Fernando Lugo fue destituido en Paraguay por mal desempeño de sus funciones.
Ese país está a la espera de la asunción del nuevo presidente para poder volver a integrar el Mercosur, en el que se encuentra suspendido.
Si bien no puede pedirse una reacción similar para el caso de Maduro, porque sólo se trató de una afirmación, los gobiernos debieron, por lo menos, manifestar su inquietud y preocupación ante la gravedad de la denuncia.
Hacerlo no hubiera significado involucrarse en asuntos internos de un país sino generar una necesaria defensa del sistema democrático porque admitir, sea o no cierto, que se ha violado el secreto de sufragio, es autoincriminarse en un fraude.
