Ante la evidencia de desvíos de mercaderías y donaciones desde la Fundación Felices los Niños al penal de Campana, donde se encuentra preso el cura Julio César Grassi por abuso sexual, el gobernador Daniel Scioli decidió intervenir ese hogar de convivencia y, además, relevó al director del presidio, Raúl Garnica.
La intervención de la Fundación no es efectiva todavía. Según se determinó en Personería Jurídica de la Provincia, evalúan la factibilidad de una resolución que debe pasar por el Ministerio de Justicia.
En el caso de la Unidad N° 41 de Campana, la responsable del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, determinó la separación "preventiva" del jefe del presidio.
Las primeras pruebas judiciales surgieron este domingo, luego del allanamiento a la casa del cura Grassi y en la Fundación, en Hurlingham, por el presunto traslado ilegal de las donaciones.
La actuación de la fiscalía N° 8 de Morón se había iniciado por una investigación periodística en el programa PPT, que conduce Jorge Lanata por Canal 13.
De acuerdo con las sospechas judiciales, las mercaderías donadas eran trasladadas a la Unidad N° 41, donde Grassi dispone de comodidades -entre ellas frigobar, caloventor y TV- no compatibles con otros internos, para negociarlas con personal del Servicio. Según la denuncia del abogado querellante, Juan Pablo Gallego, "Grassi tiene el amparo del poder provincial". El sacerdote "compraba" protección con recursos de la Fundación.
Ayer, para evitar más presunciones, en una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el subsecretario de Justicia, César Albarracín, el gobernador ordenó las intervenciones. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, está de vacaciones.
Por cuerda separada, Pablo Navarro, subsecretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia, explicaba en el lugar que los 54 chicos alojados en la Fundación "no dependían de nosotros". "No había convenio entre esta entidad y la Provincia", fue la aclaración. Navarro informó que se hicieron cargo en diciembre de 2013, cuando asumió Juan Manuel Casolatti.
Conforma un bache de este proceso que el propio Casolatti admitiera su designación por iniciativa de Grassi, desde la cárcel. No obstante, este ex Defensor Oficial de San Martín fue el encargado de la investigación preliminar que terminó en la presunta comisión de nuevos delitos de Grassi, en aparente connivencia con guardias penitenciarios.
Otro elemento discordante en esta secuencia es cómo, en estos seis meses de 2014, las autoridades provinciales no controlaron las irregularidades en curso como alimentos en mal estado, falta de calefacción y deterioro edilicio.
Este mediodía se conocerá el nombre del reemplazante del prefecto Garnica en la Unidad N° 41.En enero de este año, la anterior dirección fue obligada a renunciar por un secuestro en los pabellones de 69 facas y 50 celulares. El episodio ocurrió después de que un grupo de presos hiciera ostentación de armas caseras en la red social Facebook.
Un grupo enriquecido
El director de Hogares de la fundación Felices los Niños y denunciante de desvío de donaciones en beneficio del cura Julio César Grassi, Juan Manuel Casolati, advirtió que "un grupo de leales" del padre en la institución también se enriqueció con la presunta irregularidad. "Hubo complicidad absoluta de un grupo de leales que tiene Grassi allí, que se ha ido enriqueciendo en estos años y ha ido utilizando la organización en beneficio propio, pero a pedido de Grassi", dijo Casolati al referirse al sacerdote que cumple una condena por abuso sexual a menores de edad. Fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por el Tribunal Oral de Morón por abuso sexual agravado de un menor de edad que vivía en Felices los Niños, que Grassi dirigía.
Pero el sacerdote quedó preso recién en setiembre del año último, cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena de 15 años a prisión por lo que, pocos días después, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón ordenó la detención del cura. En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un pedido de excarcelación presentado por Grassi al desestimar un "recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley" contra la sentencia dictada. DyN
