El alejamiento del juez general Claudio Bonadio en la causa Hotesur, que compromete seriamente a la familia de la presidenta de la Nación, parece ser la gota que rebasó el vaso del permanente acoso a la Justicia como poder independiente que está ejecutando deliberadamente el gobierno nacional, instigado desde sus más altas instancias.
Sin embargo, pese a la inmensa gravedad del hecho, nada indica que la ofensiva brutal del poder político sobre el Judicial haya terminado ni nada parecido. Por el contrario, a cada ataque le sucede otro peor.
En un país democrático medianamente normal, de inscripción republicana, cuando se están investigando a las más altas autoridades de la Nación, lo que hacen las instituciones y sus representantes es proteger al magistrado para que pueda llevar a cabo su tarea con la mayor tranquilidad posible. Y si el poder acusado se siente libre de culpa y cargo será el primero en exigir que se le brinden al juez todas las condiciones de disponibilidad posibles para que, al fin de la investigación, ni un dejo de duda quede sobre el honor de los presuntos imputados.
Desde la perspectiva inversa, cuando se hace todo lo que se ha hecho en el caso de Bonadio para apartarlo de la causa, es que la presunción de culpabilidad debe coincidir con la realidad de los hechos de un modo muy rotundo.
Sin embargo, más allá de la desaforada iniciativa de los implicados para tratar de silenciar a la Justicia a como dé lugar, lo que también suena como muy criticable es el alarmante silencio de gran parte de las instituciones de la República frente a este gigantesco atropello a toda razonabilidad.
Es como que la sociedad y los principales representantes de todos los sectores se estuvieran acostumbrando a este tipo de desmesuras y las estén culturalmente incorporando a la normalidad de las cosas. Por eso en estas ocasiones el silencio es mayor a cualquier protesta que toda comunidad con un mínimo de salud cívica gritaría a viva voz para que el escándalo no se difumine por todos los espacios de la vida en común.
Hay algunos casos judiciables que para el gobierno nacional, y en particular para la presidenta de la República, se han transformado en causas hacia las cuales es necesario disponer de todo el arsenal que maneja el poder a fin de destrozarlas.
Allí se inscribe, particularmente, todo lo relacionado con la evidente inconstitucionalidad en el fallido memorándum firmado con Irán, y aquello que hace al enriquecimiento de la familia presidencial, donde la confusión entre lo público y lo privado ha alcanzado niveles de tamaña envergadura que es muy difícil encontrar ejemplos similares. Y eso que hablamos de un país donde la corrupción viene siendo una constante desde hace mucho tiempo en todo lo que se refiere a cuestiones públicas.
El primer caso desembozado de impunidad que se intentó fue el relacionado con el vicepresidente Amado Boudou, que para liberarlo al menos transitoriamente de la prosecución de la investigación por las graves anomalías de la que fuera acusado, se echó al procurador de la Nación junto al juez y al fiscal de la causa.
Algo sin precedentes históricos que sin embargo no impidió que al sospechoso se lo siguiera investigando porque es imposible tapar el sol con las manos, aun cuando las manos sean muy poderosas.
Luego se avanzó en ese camino de golpear a la Justicia hacia niveles exasperantes que nos están convirtiendo institucionalmente en una republiqueta. Algún día la misma sociedad deberá decir basta a tamaños atropellos a su dignidad y soberanía.
