El departamento de Godoy Cruz dispuso la regulación, por ordenanza, de las casillas de seguridad privadas que se instalen de ahora en más en su jurisdicción.
Es un tema vinculado estrictamente a la inseguridad que registra el Gran Mendoza, donde diversas barriadas o uniones vecinales contratan a empresas particulares para la instalación de servicios fijos, de manera de ejercer el control de los perímetros habitados.
En rigor, lo aprobado hace días por el Concejo Deliberante son 2 iniciativas del edil oficialista Edgardo Rodríguez, cuyo objetivo fue la modificación del Código Urbanístico y de Edificación, que data de 2007, para incorporar en sus previsiones este tipo de instalaciones.
Pese a lo actualizado de la herramienta normativa, las casillas no estaban contempladas, y sí, por ejemplo, otros equipamientos urbanos, como los quioscos, postes para señalización, canteros, papeleros, cabinas telefónicas, alumbrado y carteles publicitarios en la vía publica.
Ahora se ha reglamentado por ordenanza la colocación de las diminutas construcciones, que cada vez se ven más en los barrios, y que se constituyen en una respuesta a los ilícitos que soportan ciudadanos del Gran Mendoza.
Se trata de las instalaciones que sirven como refugio de las personas que realizan acciones de vigilancia privada sin armas en la vía pública cuyos titulares, obviamente, cuenten primero con la autorización para funcionar, según lo establecido por la Ley N° 6.441.
Entre otras previsiones, no se otorgarán permisos de ocupación en los siguientes lugares: en las esquinas y ochavas de las calles; a menos de 0,60 m del cordón del pavimento; en los puntos delimitados para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, y a no menos de 40 m de permisionarios de escaparates autorizados (puestos de revistas).
Además, a partir de esta normativa, esas garitas o cabinas deberán contar con un sistema de comunicación con la comisaría de jurisdicción, el Centro Estratégico Operativo (911), los bomberos voluntarios y el Servicio de Emergencia Coordinado, además de poseer botiquín de primeros auxilios, linterna y alarma sonora.
El edil resumió el espíritu de la propuesta, ya aprobada por el cuerpo deliberativo, que ya está en vigencia. "El proyecto contempló que la ubicación de estas casillas no deberán ocasionar problemas para la circulación peatonal y no dificultarán la visual de los automovilistas, especialmente en las intersecciones de arterias".
El concejal aclaró que aquellas casillas que se encuentran en operación al momento de entrar en vigencia la ley municipal, deberán ajustarse a los requisitos que se han dispuesto.
En este momento y según cálculos no oficiales, en la jurisdicción municipal de Godoy Cruz son 25 los servicios de este tipo instalados. "De ahora en adelante, deberán adaptarse a la norma y la empresa tendrá que cumplir con los requisitos solicitados", aclaró Rodríguez.
Un aspecto más que quiere evitar el Concejo Deliberante, según el edil, es el otorgamiento de permisos para casillas por vía del trámite de la excepción, es decir, saltando los lineamientos que la norma ha impuesto.
También a juicio de Rodríguez, Godoy Cruz sería pionero en la decisión tomada, ya que no estaría contemplada en los otros municipios.
El secretario de Gobierno municipal, Humberto Mingorance, explicó que de ahora en más correrá un plazo para que las instalaciones en funcionamiento se adecuen a la normativa impuesta. "Dispondrán de un tiempo prudencial para incorporar lo que les falta", precisó el funcionario.
Un interrogante que se quería consultar es cuál será el plazo que las firmas que posean esta prestación, dispondrán para adecuarse.
"Es importante cumplir..."
Como estas instalaciones tienen que ver con aspectos muy sensibles a la población, se consultó a algunos vecinos sobre la decisión del Concejo, que ya está firme.
El veterano dirigente vecinal del barrio Metalúrgico, Douglan Font, sostuvo que "es importante que se cumplan los requisitos que manda la ley. A nosotros nos preocupa mucho la inseguridad. Por ahora estamos con las sirenas comunitarias".
En el barrio Parque, de la calle Sarmiento (distrito Benegas), Gabriela Obredor opinó que "es un ordenamiento y a la vez una medida de prevención, de la que serán beneficiados los propios empleados de esas firmas y el público en general".
En otro punto del departamento, Rogelio Mingrino comentó estar de acuerdo con "el tratamiento que se está dando al tema; veamos qué grado de cumplimiento se va a lograr".
