A diferencia de lo sucedido a nivel nacional, donde el Gobierno central tuvo fuertes encontronazos discursivos con los principales dirigentes gremiales impulsores de la protesta, en Mendoza, el clima que se vivió durante toda la jornada fue de tranquilidad, más allá de algunos momentos de tensión, sobre todo en la mañana, pero que con el correr de las horas se fueron disipando.
Casi podría decirse que en la provincia el paro se hizo “para cumplir” con el mandato nacional. De hecho, los reproches de trabajadores y de los militantes de Izquierda estuvieron focalizados en pocos lugares, principalmente en el ingreso a la Capital, pero por la tarde se levantaron y a partir de ese momento y hasta el final de la jornada, la ciudad tuvo el paisaje de un domingo.
Las expectativas, en algunos casos transformadas en miedo, tal vez por los anuncios previos, hacían pensar que podrían darse inconvenientes con los micros. Pero la prestación del servicio mínima trajo tranquilidad.
Todo se manejó de acuerdo a lo acordado, lo que fue resaltado por las autoridades. “Se cumplió con el compromiso del 20% del servicio”, destacaron en el Ministerio de Transporte, que conduce Diego Martínez Palau.
Sólo hubo un hecho puntual de conflicto en la salida de la empresa de trolebuses, que incluyó la presencia de la fiscal Chaler para garantizar “el derecho a trabajar de los que quisieran hacerlo”, tal como explicó el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla.
El gerente de la EPTM, Roberto Pacini, denunció que los trabajadores intentaron impedir la salida de los vehículos “desinflando cubiertas y bloqueando los accesos” y por eso citó a la fiscal. Los empleados minimizaron el hecho. “Sólo estábamos reunidos y la cuestión no revistió mayor importancia”, destacó el dirigente sindical de los troles, Jorge Chávez.
El Gobierno no se salió de los argumentos esgrimidos previamente y que eran prácticamente una extensión de lo indicado por la Nación: el paro fue “político”. Por eso Lafalla recordó que “existe un marco paritario para plantear las cuestiones salariales por lo que está claro que la huelga tuvo connotaciones políticas”.
Pero no deja de ser cierto que salvo con los ámbitos más combativos del sindicalismo estatal local, esto es ATE, Ampros, Sitea y los empleados judiciales, con el resto de los gremios, como el SUTE o la misma conducción de la CGT, la relación del Gobierno no carece de cordialidad y no faltaron funcionarios de segunda y tercera línea que ponderaran esa relación para asegurar que “los acuerdos previos dieron sus frutos”.
Por eso anoche, en Casa de Gobierno, había clima de tranquilidad por la tarea cumplida ante la contingencia política.
