Un gobierno peleado con el Derecho

Una de las áreas del gobierno nacional que más ha abusado de una política prácticamente de facto y arbitraria es, sin duda, la Secretaría de Comercio. Algunos de sus ataques a los derechos de las personas ha sido el caso de aplicación de sanciones a conocidas consultoras económicas, por difundir índices de inflación que se diferencian considerablemente de los dibujos realizados por el Indec desde que fuera intervenido por el secretario Guillermo Moreno.
Las multas extravagantes, aplicadas como sanción, obligaron a las consultoras a dedicar tiempo y dinero en procesos judiciales provocados por un funcionario irresponsable. Esas multas ahora han sido dejadas sin efecto por diversos fallos judiciales; pero no conforme con la situación, el secretario ha recurrido a la Corte Suprema para que avale sus pretensiones.
 
Es muy probable que no consiga sus persecutorios propósitos. Similar situación ha ocurrido con la suspensión arbitraria de diversas ONGs de defensa del consumidor que también difunden índices de precios que no le gustan al gobierno, que ha negado durante siete años la existencia de inflación. Hasta ahora en que el candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires parece aceptar que la inflación existe. Todo sea por unos votos más.

Pero no es sólo la Secretaría de Comercio la que cree que el Derecho es lo que el gobierno dispone o pretende. Un caso emblemático fue la intención oficial de declarar nulo el acto jurídico de venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, venta ocurrida en 1991. Mediante un decreto del Poder Ejecutivo se anulaba la operación y se expropiaba el predio.
 
A comienzos de este año la Cámara Civil y Comercial otorgó una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural que impidió la apropiación. Ahora la Corte Suprema de Justicia ha dejado firme la medida cautelar, haciendo suyos los argumentos de la Cámara y frenando el atropello.

Una situación similar ha ocurrido con las leyes que disponían la modificación del sistema judicial, estableciendo, entre otras cosas, la elección directa de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que debía realizarse en ocasión de las PA SO. La Corte dejó sin efecto por inconstitucional dicha norma, refrendando un fallo de la jueza Servini de Cubría que había anulado el llamado a elecciones.

Similar suerte ha corrido la modificación introducida en las leyes citadas que creaban nuevas Cámaras de Casación, instituyendo una nueva instancia judicial, al solo efecto de que las causas que fuesen contrarias  al arbitrio del Gobierno las resolvieran jueces adictos designados al efecto.

La lista puede seguir con los innumerables fallos y acordadas de la Corte favorables a los jubilados y contrarios a las arbitrariedades de la Anses, que por cierto, en otra muestra de la falta de respeto por el Derecho, el gobierno no acata ni cumple. Ni hablar de los innumerables fallos contrarios a nuestro país del tribunal del Ciadi, imponiéndonos  millonarios  pagos de indemnizaciones.

Ello a consecuencia de la violación de los contratos con empresas extranjeras que habían invertido en el proceso de privatización de empresas públicas, entre las que se cuenta el caso de Obras Sanitarias Mendoza. Hace poco YPF perdió un fallo arbitral por 1.400 millones de dólares por el corte de suministro de gas a Brasil.

Otro caso es la suspensión precautoria del artículo 20, inciso A, apartados I y II de la Ley 26.831 de reforma del Mercado de Capitales. La norma suspendida permitía a la Comisión Nacional de Valores designar veedores en las empresas con cotización pública, con facultades de vetar las disposiciones del directorio, incluso podía intervenir esas empresas.
 
Esa parte de la ley es manifiestamente inconstitucional y hecha a medida para atacar a las empresas que no se sometan a la voluntad del gobierno.