El juez federal Claudio Bonadio ya investiga la fuga de dos represores condenados por delitos de lesa humanidad del Hospital Militar Central. El hecho ocurrió el jueves por la mañana y ayer fue revelado en exclusiva por este diario.
El Gobierno respondió con una denuncia penal contra el personal de la División de Traslados del Servicio Penitenciario Federal y ofreció una recompensa de 2 millones de pesos por "información determinante para la detención" de cada uno de los prófugos. Desde la oposición, reclamaron la presencia en el Congreso del titular del SPF, Víctor Hortel.
Además, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pasó a retiro al director de Salud del Ejército, general Marco Gutiérrez y a otros seis oficiales medicados encargados del Hospital Militar Central.
Ayer a la tarde, funcionarios judiciales y efectivos de la comisaría 31º realizaron un allanamiento en el Hospital Militar, en el barrio de Palermo, en busca de carpetas médicas de los prófugos, Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi. Los investigadores también pidieron las filmaciones de las cámaras de seguridad para intentar clarificar la situación y establecer si los represores contaron con ayuda de algún familiar. Puntualmente, se sospecha de Marta Noemí Ravasi, esposa de Olivera, quien tenía un cargo en el área de Salud Mental del hospital, confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.
"Además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado y sobre la actuación judicial que lo motivó, (se pide) que se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad", dice la denuncia que lleva la firma de Víctor Hortel.
Los dos represores habían pedido ser trasladados desde San Juan con la supuesta intención de recibir atención médica. Olivera quería hacerse tratar un problema clínico, mientras que De Marchi afirmó que necesitaba ver a un especialista en dermatología. Los tratamientos fueron autorizados por el juzgado federal Nº2 de San Juan, subrogado por Miguel Ángel Gálvez.
Según informó ayer la cartera que comanda Julio Alak, los dos represores fueron trasladados el jueves a la mañana desde la cárcel de Marcos Paz y entregados al personal del hospital en una sala de atención que está ubicada en el tercer piso. La fuga se informó tres horas más tarde.
A través de un comunicado, el ministro de Justicia sostuvo ayer que "los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida".
Olivera fue condenado hace tres semanas a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau. Habría tenido vínculos con la logia masónica italiana Propaganda Dos.
La fuga de los dos represores golpeó de lleno al jefe del SPF, Víctor Hortel, quien estuvo al borde de la renuncia con el escándalo de Vatayón Militante. Y se suma a otros hechos similares que ocurrieron en los últimos meses. El más reciente es la fuga de Shiva Narada Benítez Díaz, quien desapareció en una salida a la Facultad de Derecho de la UBA. Otro hecho grave ocurrió en abril de este año, cuando varios presos se fugaron en la autopista Ricchieri.
El diputado Carlos Comi (Coalición Cívica ARI Santa Fe) cuestionó ayer a Hortel y pidió que sea citado al Congreso. "El jefe del Servicio Penitenciario que se hizo famoso por tocar en una murga de detenidos y por permitir la salida de presos para ir a actos de su agrupación kirchnerista hoy se anota un nuevo papelón: se escaparon represores que estaban bajo su custodia", afirmó Comi.
