El Gobierno nunca judicializó el caso de la nena Luciana

La muerte de la pequeña Luciana Rodríguez (3) sigue dando que hablar, al igual que el accionar -o la falta de- que tuvo el Gobierno en el seguimiento previo al trágico desenlace.

Mientras continúa la investigación judicial y administrativa que se desató con la muerte de la pequeña -ocurrida el martes 7 de enero- y los padres permanecen detenidos (la madre está atravesando los inicios de un nuevo embarazo), en un informe firmado por las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y remitido a la comisión de Derechos y Garantía de Diputados se deja constancia de que el Gobierno jamás dio intervención a la Justicia para el seguimiento de la niña.

Esta aclaración agrava aún más la actuación del Organismo Administrativo Local (OAL) de la Dinaf, teniendo en cuenta que durante cuatro meses la menor vivió con su tía por una medida extraordinaria dispuesta por ese organismo y en ningún momento se dejó constancia de esta decisión en ninguno de los juzgados de Familia mendocinos.

"La ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) es muy clara y establece que cada vez que la OAL decida quitarle su hijo a una madre debe darle intervención a un juzgado de Familia, ya que es éste quien tiene que autorizar o no el procedimiento. Entre marzo y julio del 2013, Luciana vivió con su tía y jamás se puso en conocimiento de esto a la Justicia", destacó el diputado de la UCR, Fernando Barrigón, quien además preside la comisión de Derechos y Garantías.

De acuerdo al informe que envió la Justicia a esa comisión, el propio Defensor del Niño Javier López Maida (de la Dinaf) le confirmó a la jueza María Delicia Ruggieri que "el caso nunca se judicializó".

Desde el Hospital Paroissien también habían alertado sobre el estado de la pequeña.

Evitable

"Desidia" es la palabra con que Barrigón y el resto de sus compañeros de bloque de la UCR en Diputados definen la actitud del Gobierno frente a la gran cantidad de avisos y pre avisos que se suscitaron antes de la muerte de Luciana Rodríguez y que, agregan, podría haberse evitado.

"El 8 de enero, un día después de la muerte de la niña y mientras nos íbamos enterando de todo por los medios, envié notas de pedido de informe y explicaciones al Hospital Notti, al Paroissien, a la Corte y al Organismo Administrativo Local (OAL), dependiente del Gobierno.

El primero en responderla fue (el presidente de la Corte, Pedro) Llorente, quien nos dice que el OAL nunca le aclaró la situación de Luciana ni le dio intervención. Jamás ingresó a un juzgado de Familia la causa", explicó el legislador, haciendo hincapié en el hecho de que debería haberse judicializado el caso en el momento en que el Gobierno decide sacar a la niña del entorno familiar y dársela en custodia a su tía materna.

"La ley establece que tiene que pasar sí o sí por el juzgado esa decisión, ya que ellos deben autorizarla", agregó.

Desde el 4 de marzo y hasta julio del año pasado, Luciana quedó bajo la guarda de su tía materna y fue en ese período en el que la niña debió ser internada en el Hospital Paroissien con un cuadro de neumonía multifocal y síndrome bronquial obstructivo (se le había cerrado el pecho y no podía respirar).

Esta parte de la cronología se desprende de la segunda respuesta que recibió la comisión de Derechos y Garantías, justamente la del nosocomio maipucino.

"Nos contestaron que el 17 de julio, a las 2.50 la niña debió ser internada con una neumonía muy grave. Allí paso siete días y los médicos que la atendieron detectaron serias falencias sociales, como por ejemplo que estaba indocumentada y que no tenía la libreta sanitaria.
Primero intervino el servicio de asistencia social del hospital, que remite un informe a la dependencia del OAL de Capital y otro a Desarrollo Social de Guaymallén, ya que la tía está domiciliada en Rodeo de la Cruz y ahí estaba viviendo la niña en ese momento", continuó Barrigón.

Desde el OAL capitalino fue Gianina Consina quien respondió el informe manifestando por qué habían tomado la medida extraordinaria de separar a la niña de su madre, mientras que desde Desarrollo Social de Guaymallén se informó que a la tía de la niña se la estaba ayudando con frazadas, ropa y mercadería.

En julio Luciana volvió a la órbita de su familia directa, a vivir en la casa usurpada de la calle Entre Ríos. Según especifica en un informe el Gobierno, la tía manifestó que no podía seguir haciéndose cargo de la pequeña, por lo que la restituyeron. Esta nueva decisión, de acuerdo al informe de la Justicia, tampoco fue informada ni se dejó constancia en el ámbito de la Justicia de Familia.

Explicaciones del Gobierno

Una de las cosas que más indignó a los diputados que denunciaron la situación fue la respuesta que enviaron desde el Gobierno ante la nota en la que se pedía que informe cómo habían trabajado con Luciana mientras estuvo viva.

"Le pedimos urgente al OAL un informe detallado del accionar en el caso de la niña y les pedimos que se nos informe a qué juzgado remitieron el tema. La nota llega a Desarrollo Social y al director del Programa de Derechos del Niño, Fernando Herrera. Lo único que nos han enviado como respuesta, y encima lo hicieron llegar hoy -una semana después del pedido- es el informe que ellos mismos elaboraron el 8 de enero donde se relata que la niña había muerto. Es un descargo de dos personas que hoy están alejadas de la función pública", se quejó Barrigón en alusión a Rafael Vizcarra y Gianina Consina, ambos ahora suspendidos funcionarios del OAL.

"Mandan eso en vez de enviar un detalle y una cronología de cómo trabajaron en la previa y en el seguimiento de la niña", agregó.

Citados para el martes

En un principio los diputados Fernando Barrigón, Héctor Quevedo, Lorena Meschini, Tadeo García Zalazar, Víctor Scattareggia y Omar De Miguel tenían previsto citar a las autoridades y funcionarios del Gobierno para hoy con la idea de escuchar y ampliar el informe y su accionar. De hecho enviaron el pedido con fecha de hoy.

Pero, por escrito, el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin se excusó alegando que estará en Buenos Aires y proponiendo el próximo martes como día para la reunión.

De esta forma Bassin, junto a la directora de la Dinaf, Patricia Spoliansky; el director del Programa de Derechos del Niño, Fernando Herrera; la titular del Grupo de Alto Riesgo (GAR), Marta Stagni; el titular del OAL y sus representantes en Capital y Guaymallén; y el Defensor del Niño, Javier López Maida se presentarán el martes en Derechos y Garantías.