La pulseada entre los gremios y el Gobierno provincial transita una semana límite, en la que cada parte comienza a mostrar sus límites. En el transcurso del tercer mes desde que se abrió la mesa de negociación con los distintos sectores estatales, aún el Ejecutivo no puede llegar a un acuerdo con los Judiciales y la Administración Central, quienes se mantienen inflexibles en sus pedidos y preparan acciones para la semana que viene. Ayer hubo movilizaciones y asambleas de ambos sectores, que terminaron de cerrar una semana con distintos episodios que dan cuenta del conflicto.
Quienes más cerca están de poder cerrar un acuerdo son los Judiciales. El conflicto podría llegar a su fin el lunes, cuando se vuelvan a reunir las partes para buscar acuerdo sobre una cláusula que intenta rever la brecha entre los magistrados y los funcionarios y administrativos. En cambio, la Administración Central ya cerró la negociación en algunos sectores pero en otros todavía sigue en pie el reclamo y amenazan con que no se van a bajar de su pedido, que incluye una ampliación presupuestaria sobre lo ya ofrecido.
Con este panorama comienzan a ponerse en evidencia los cansancios y los redobles de apuesta de cada uno. A esto se le suma una semana que subió la temperatura en la pelea y que incluyó de todo: ayer la Administración Central realizó una contundente manifestación frente a la Casa de Gobierno, que incluyó quema de cubiertas y reunió a una gran cantidad de personas.
Según relatan quienes estuvieron en el lugar, en un momento casi se da un enfrentamiento con el responsable oficial de la negociación, Andrés Cazabán, quien salió del edificio de Gobierno justo por la puerta en la que estaban todos los manifestantes.
"Estábamos por ir a hacer un escrache a (Diego Martínez) Palau (ministro de Transporte) pero nos llegó una citación para reunirnos el lunes con (Rodolfo) Lafalla", relató Carlos Simón, secretario gremial de ATE. Efectivamente, la propuesta de sentarse con el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno evitó que los manifestantes continuaran con una metodología que tenía en lista a varios ministros del Ejecutivo.
De todas maneras, el encuentro con Lafalla es el único en agenda, ya que la negociación paritaria no sólo que tuvo un gran fracaso el jueves, cuando hubo intercambio de insultos de trabajadores con Cazabán, sino que no tiene nuevas fechas para buscar acuerdo. El principal punto que traba el arreglo salarial es el reclamo desde los gremios para que los aumentos "considerables" a ofrecer sean en su totalidad sobre el básico, a la vez de que se blanqueen los ítems adicionales.
"Nosotros tenemos un básico muy bajo, que es entre 800 y 1.200 pesos. Hasta ahora nos han ofrecido un 30,5 por ciento de aumento, pero que se traduce en un 26,30 por ciento sobre la masa salarial. Es decir, hasta ahora lo propuesto son $ 1.300 y nosotros buscamos que sea $ 1.500", detalló Federico Lorite, secretario adjunto de Sitea.
En total, la cantidad de trabajadores de la Administración que siguen sin aceptar la propuesta son 4.500 aproximadamente, quienes están nucleados en ATE, Sitea y UPCN. Esta cantidad comprende a las direcciones de los ministerios, Registros Civiles, el Iscamen, entre otros. En cambio, ya firmaron su paritaria los trabajadores de Guardaparques, EPAS, Fondo para la Transformación y el Crecimiento y del Instituto Universitario de Seguridad Pública.
"Es muy variado el escalafón que tenemos dentro de la Administración pero nuestro pedido es claro. Hasta ahora han presupuestado $ 9.800.000 incluido costo salarial (concepto contribuciones patronales), pero para llegar a lo que exigimos como blanqueo de ítems al básico el Ejecutivo necesita $ 1.200.000 pesos más por mes", señaló Lorite.
En contrapartida, Cazabán demarcó: "Claramente se trata de un conflicto dirigencial. Nosotros planteamos a los gremios que si tienen una contrapropuesta con la misma masa de dinero la receptaremos, pero es la última oferta del Ejecutivo".
Con un escenario complicado, los trabajadores que no aceptan todavía el acuerdo se preparan para llevar a cabo la semana que viene una medida de fuerza que llaman "quite de solidaridad", la cual consiste en asistir a los lugares de trabajo pero cumplir con menos tareas de las habituales durante su horario laboral.
Judiciales
El lunes a las 11 los Judiciales vuelven a la mesa para definir el salario, aunque algunos señalan que este aspecto ya está cerrado. En este sentido, el último aumento ofrecido fue de 32,1 por ciento en la asignación de clase, lo que se traduce en un 30,5 en la masa salarial. Pero lo que queda en la mesa es la redacción de una cláusula por demás importante que puede llegar a determinar aumentos en las próximas paritarias.
Se trata de una disposición que intenta reparar las desigualdades que se dan entre quienes están vinculados a los aumentos de la Corte Suprema de la Nación (magistrados) y de quienes definen sus salarios en paritarias locales (administrativos y funcionarios). Justamente, el desfase entre ambos durante el año pasado (8,4 por ciento) es el pedido que durante estos meses de conflicto reivindicaron una y otra vez los judiciales.
Todo parece indicar que este pedido inamovible puede llegar a quedar encaminado si se logra un texto unificado que evite repetir la misma historia. "El martes y miércoles vamos a bajar las propuestas a las bases y serán ellos quienes decidan. De todas maneras este fin de semana nos hemos puesto a disposición por si el Gobierno quiere seguir trabajando en las comisiones", ofreció Carlos Ordóñez, titular del gremio.
