Los intendentes del conurbano comen y duermen en sus despachos. Daniel Scioli ordenó el pago anticipado del aguinaldo. Ninguno olvida que en las vísperas navideñas del año pasado hubo dos días de saqueos. Las condiciones económicas eran entonces mejores que ahora. El gobierno bonaerense aseguró ayer que está preparado para combatir eventuales saqueos. Un mensaje claro a los saqueadores: esta vez les será más difícil.
No es sólo Buenos Aires. La gobernadora de Catamarca asistió a un tiroteo, cerca de su oficina en la Casa de Gobierno, entre los sublevados policías provinciales y tropas de la Gendarmería. En Río Negro, Neuquén y San Juan la situación de la policía es de permanente inestabilidad. El gobierno de la Rioja cedió rápidamente ante los primeros síntomas de rebeldía policial.
Los funcionarios de Santa Fe están en guardia, expectantes. La policía empezó a desobedecer. Rosario fue el primer escenario de saqueos hace apenas quince días. Esta vez la Gendarmería del gobierno nacional llegó presurosa. Pero las tropas de la Gendarmería no son infinitas. Córdoba no superó todavía la tensión que dejaron los violentos asaltos del martes y el miércoles últimos.
El problema del cristinismo es que siempre llega tarde. Le cuesta cambiar sus históricas posiciones. Comenzó a mirar con cierto realismo los conflictos de la economía, pero ya su política ha hecho estragos en la sociedad. La inflación dio un salto significativo en las últimas semanas. Podrá aspirar a la simpatía del mundo acordando con Repsol, cosa que sucederá, pero ese arreglo no solucionará, con rapidez al menos, los errores de muchos años de administración económica.
El rebrote inflacionario no sucede porque Guillermo Moreno se fue. La inflación es consecuencia de las políticas viejas, superficiales y estériles de Moreno. La novedad de algunos cambios recientes no trajo la noticia de una modificación sustancial en la política contra la inflación. Los funcionarios de Axel Kicillof siguen buscando, como Moreno, entre las consecuencias de la inflación. No investigan las causas, que es donde está el problema.
La indiferencia del kirchnerismo por el otro fue construyendo una sociedad a su imagen y semejanza. Muchos comerciantes de Córdoba reconocieron en sus asaltantes a vecinos de trato frecuente. Los saqueaban las mismas personas que habían sido amables con ellos hasta un día antes. El turno de los depredadores parece ser siempre el mismo: primero aparece el delito y después, en este orden, el oportunismo, el resentimiento y la necesidad.
Indiferencia, fragmentación y resentimiento son también legados de diez años de un gobierno que despreció la cohesión social. Hizo de la fractura y del rencor una política permanente. Una cultura, un modo de relacionarse, una manera de convivir (o no convivir) se extendieron profundamente en la sociedad. El resultado es explosivo cuando esas condiciones se unen a las carencias económicas de vastos sectores sociales: los que viven de planes destruidos por la inflación, por ejemplo. El 30% de los detenidos por los saqueos de Córdoba subsiste con subsidios del Estado.
El error fue Córdoba. La mezquindad inicial del gobierno nacional creó un peligroso precedente para la policía y para los saqueadores. Los salarios de las fuerzas de seguridad están rezagados desde hace mucho tiempo, como se vio con los alzamientos de prefectos y gendarmes de hace un año.
Pero el acuartelamiento por razones salariales no puede convertirse en un mecanismo asiduo de extorsión al poder político. Nadie descarta, tampoco, que las policías hayan enviado mensajes de zonas liberadas a la delincuencia durante sus sublevaciones. El peor escenario para los amotinados sería el de policías en huelga en medio de ciudades tranquilas y seguras.
El Gobierno cree tener información de que aquellos mensajes de policías sublevados a la delincuencia incluyeron al narcotráfico.
La política habla ya sin tener en cuenta el valor de las palabras. ¿Narcotraficantes cómplices de policías por un reclamo salarial? Si fuera así, ¿hasta qué profundidades del Estado llegó la penetración del narcotráfico en el país? Es mejor creer, hasta que no se demuestre lo contrario, que hubo más errores que aciertos en la administración de la crisis.
El gobierno de Cristina Fernández esperó hasta asustarse con el contagio de Córdoba para ir a Córdoba. Sólo en la madrugada del viernes (eran las 2) De la Sota pudo hablar con Capitanich y acordar el envío de la Gendarmería. Ya había fuegos incipientes de sublevación social o policial, o las dos juntas, en varias provincias. Antes, Capitanich había mostrado un patético teléfono para asegurar que ahí no había ningún mensaje de De la Sota.
¿Necesita el Gobierno que un gobernador le envíe una carta formal para mandar fuerzas federales? ¿No eran suficientes las imágenes de TV que mostraban la devastación de Córdoba? ¿No hubiera sido más normal que el gobierno nacional se pusiera a disposición de la administración cordobesa, aunque fuera por temor, para evitar el efecto contagio que los saqueos tuvieron luego? Triunfó, en un primer momento, la vieja animosidad de Cristina Fernández con De la Sota y la más vieja pelea personal de Carlos Zannini con el gobernador, inalterable desde hace más de tres décadas. La racionalidad llegó cuando la desolación que vivió Córdoba comenzó a reproducirse en gran parte del territorio nacional.
Los focos de estallido social convivieron con una eventual crisis institucional de enorme magnitud. El vicepresidente Amado Boudou se metió en una ratonera insoportable cuando decidió hacerse de la empresa Ciccone.
Nadie en la Justicia duda ya del involucramiento personal del vicepresidente en un claro caso de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Están probadas nueve reuniones de los Ciccone con el amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, y dos con el propio vicepresidente. “Nos robaron la empresa”, aseguró Nicolás Ciccone.
El equipo de fiscales que comandó en un primer momento Carlos Rívolo respiró aliviado: ya no necesita demostrar más nada. Las conclusiones del fiscal Rívolo fueron puntualmente confirmadas por los dueños originales de Ciccone.
Tanto Nicolás Ciccone, uno de los fundadores, como su yerno, Guillermo Reinwick, contaron el protagonismo directo de Boudou en el saqueo de su empresa. Otra clase de saqueos. Ciccone ratificó las declaraciones de su yerno, a pesar de que han roto relaciones hace tiempo.
Sin embargo, el juez Ariel Lijo, que juntó pruebas silenciosamente durante varios meses, citará a indagatoria a otros imputados hasta principios de mayo próximo. Aunque nadie lo aceptará públicamente, el juez está dando tiempo a la política para que resuelva el caso o lo tendrá que resolver él.
El eventual procesamiento del vicepresidente por hechos de corrupción sería intolerable para la Presidenta y su gobierno. El peronismo no quiere saber nada más con Boudou. La sociedad, tampoco. Es un lastre electoral. ¿Qué espera Cristina para hacerse cargo de un error personal?
Hasta donde sabemos, Alejandra Gils Carbó expresa la opinión de Cristina Fernández. La jefa de los fiscales pidió el despido del fiscal Guillermo Marijuán porque la investigaba a ella misma.
El Gobierno se lo rechazó, por ahora. Infatigable, Gils Carbó quiere sancionar también a otro fiscal, José María Campagnoli, porque supuestamente se excedió en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez. En la página oficial de la oficina de Gils Carbó no existe ninguna referencia a ningún caso de corrupción de funcionarios oficiales. Gils Carbó no merece conservar su puesto, que los senadores de la oposición se lo regalaron alegremente.
En cambio, tambalea el primer juez del caso Boudou, Daniel Rafecas, porque cometió el error, cierto sin duda, de comentar el expediente con un abogado del vicepresidente, pero la pregunta es otra: ¿Obstaculizó Rafecas la investigación? El fiscal Rívolo, que fue crítico de esos comentarios del juez, desmintió interferencias de Rafecas en beneficio de Boudou. Al revés, autorizó todas las medidas que pidió Rívolo y que forman parte de la decisiva etapa inicial de la investigación.
Los abogados de Boudou pidieron el juicio político para Rafecas en el Consejo de la Magistratura. Rafecas procesó también al ex presidente Fernando de la Rúa por presuntos sobornos en el Senado. Un representante radical en el Consejo, el senador Mario Cimadevilla, adelantó que enjuiciará al juez. ¿Acaso en venganza por el escándalo de los sobornos? Otro representante radical, el diputado Oscar Aguad, anticipó que no votará contra Rafecas.
“No permitiré la impunidad de Boudou”, dijo. Su voto es crucial. El enjuiciamiento de Rafecas podría terminar con la anulación de todas las decisiones que tomó para investigar a Boudou. En tal caso, peronistas y radicales enviarían un pésimo mensaje a jueces y fiscales. No deben investigar la corrupción política sin esperar represalias.
Es probable que Cristina Fernández cuente con algunos meses para decidir qué hacer con su vicepresidente. En cambio, la crisis social, con sus llamaradas violentas y descontroladas, se decidirá en los próximos veinte días. El tiempo es corto y el margen para cometer nuevos errores ya no existe.
