El Senado dio media sanción al proyecto por el cual se ratifica el memorando de entendimiento que la Argentina firmó con Irán en torno a la investigación del atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 y que dejó 85 muertos.
El kirchnerismo logró imponer su mayoría por 39 votos, contra los 31 de la oposición que votó sin fisuras en contra del tratado. Hudo dos senadores ausentes, uno de ellos, Carlos Menem.
La maratónica sesión comenzó con el discurso del oficialista Daniel Filmus, quien defendió el memorando "para que no pase lo que pasó con la investigación de la Embajada de Israel". Según Filmus, es necesario que la Argentina corra el riesgo de pactar con Irán para poder llegar a la verdad. "El memorándum es un esfuerzo para que efectivamente no haya impunidad, porque sabemos que cuando hay impunidad y no se castiga al culpable, la historia puede repetirse".
El senador K negó que haya elementos en el memorando que puedan hacer retroceder la causa que instruyó el fiscal especial Alberto Nisman y por la que están sindicados como culpables 8 iraníes, de los cuales 5 tienen pedido de captura internacional de Interpol.
"De ningún modo la causa puede volver atrás", afirmó Filmus contradiciendo las denuncias de la AMIA y la DAIA y resaltó que el punto 5 del tratado permitirá "por primera vez estar cara a cara frente a quienes la investigación mostró que son los acusados de semejante barbarie". El porteño aventuró que en caso de que Irán impida que sus ciudadanos acusados sean interrogados por la Justicia argentina, "quedará en evidencia quiénes son los responsables y tendremos todo el respaldo internacional".
La oposición introdujo ayer en el debate la denuncia de que el verdadero interés del gobierno iraní es que los cinco pedidos de captura que libró Interpol, que alcanza a dos candidatos presidenciales del régimen islámico, queden sin efecto. El primero en hacerlo fue el radical mendocino Ernesto Sanz, quien tuvo una alocución celebrada por toda la oposición.
"El riesgo está en que Interpol baje los pedidos de captura. No es cierto que estos pedidos los puede desactivar sólo el juez de la causa, ya que el artículo 81 del reglamento de Interpol da lugar a que se interprete de oficio que como las dos partes celebraron este tratado de cooperación, expiran entonces los motivos que dieron lugar a que se emitan las circulares rojas sobre los cinco iraníes. Esto es lo único que persigue Irán", dijo Sanz con vehemencia y mostró elementos de la causa instruida por Nisman que dan cuenta de los obstáculos puestos por el país islámico.
El punto 7 del tratado señala que "este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido juntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento de requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso".
Por eso Sanz aventuró que se podría dar el escenario en que se caigan las circulares rojas. El mendocino, además, señaló que "también es mentira" que la causa esté estancada. Señaló que el fiscal Nisman está por presentar una ampliación de pruebas, que hay un juicio en puerta para los que en la década del ?90 encubrieron pruebas y que el juez Canicoba Corral dictó en 2010 una orden de captura sobre un colombiano que tuvo participación en el atentado.
Quien tomó la posta de Sanz fue la peronista disidente Sonia Escudero. La salteña leyó un cable de la agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, en el cual un jurista de ese país analizó el memorando.
Escudero leyó párrafos donde el especialista persa afirma que "el Gobierno argentino no está seguro de la veracidad de la investigación" y que si la Comisión de la Verdad que se crea en el tratado lo indicara, "la investigación se cae" y que "el propósito es que los dos países informen a Interpol que la cooperación anula los pedidos de captura". Por otro lado, Escudero señaló que "el texto del memorando es tan opaco que permite diferentes interpretaciones; pasarán años y se le dará un paraguas a Irán" ya que se suspenden las circulares rojas de Interpol.
El chubutense Mario Cimadevilla (UCR) añadió que el artículo cuarto del tratado obliga a las partes a aceptar las recomendaciones que haga la Comisión de la Verdad. "Las partes son los Estados, es decir los tres poderes del Estado, por eso se interfiere en la Justicia argentina. Lo que no entiendo es por qué el Gobierno le quiere sacar a Irán la presión internacional que existe sobre este país". Por su parte, la radical mendocina Laura Montero tildó a la ley (por la que se ratificará el memorando) como "la ley del engaño y del olvido" y narró que se reunió con la Sociedad Israelita de Mendoza. "Están consternados, tienen la sensación de impunidad y miedo".
El oficialista Aníbal Fernández salió a refutar las afirmaciones opositoras. "Les reclamo prudencia a la hora de expresarse. Están queriendo quedarse con el beneplácito de la sociedad porque hay una parte que no está de acuerdo. Es pura picardía. El debate es pobre, todos los argumentos son pobres", aseguró.
Siguió: "Para nosotros el Estado de Israel existe, la Shoa existe como la calamidad más grande de la Humanidad, existe el atentado a la Embajada y AMIA. No estamos mirando esto como una cosa mínima. Pero a veces las decisiones tremendas, de fondo, nos llevan a un punto donde la sociedad se divide, pero hay que hacerlas", añadió.
Otro kirchnerista que salió a defender el tratado fue el presidente de la comisión de Justicia, Pedro Guastavino.
"Este gobierno se caracteriza por la lucha inquebrantable de la justicia y por el fin de la impunidad. Que se sospeche que hay segundas, terceras o cuartas intenciones genera malestar porque lo que se busca es avanzar en la verdad, nada más ni nada menos", afirmó.
Sobre el cierre, el socialista Rubén Giustiniani se preguntó cuál es la posición internacional de Argentina.
"Irán tiene una posición sobre América Latina y América Central. Ellos están invirtiendo, ofrecen construir un canal de aguas profundas en Nicaragua y participar en la explotación de gas de Bolivia". El santafesino insistió en una de las posturas de la oposición más unánime: que el tratado es inconstitucional porque implica interferir en el Poder Judicial argentino.
