El kirchnerismo se aprestaba a aprobar esta madrugada el proyecto de ley que reformula el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y suspende a los jueces federales.
Se trata de una de las normas más polémicas del paquete que envió Cristina Kirchner al Congreso ya que establece la elección a través del voto popular de los consejeros no políticos (abogados, jueces y académicos, que irán en las listas junto a legisladores nacionales en las primarias y en octubre), lleva de 13 a 19 la cantidad de integrantes y reduce la cantidad de votos para enjuiciar a un juez: harán falta sólo la mitad más uno y no más dos tercios.
Al cierre de esta edición, el kirchnerismo apostaba a la estrategia de votar lo más tarde posible para alargar la diferencia de sufragios con la oposición (especulando con la deserción de algunos opositores). Sin embargo, el desafío era grande para el partido del Gobierno ya que para aprobar cualquier cambio a la ley de Consejo de la Magistratura se necesitan al menos 129 votos, un número al que el oficialismo sólo podía llegar ajustadamente y con la ayuda de aliados que ayer se mostraban reticentes.
Estaba decidido que el titular del cuerpo, Julián Domínguez, haría uso de su derecho a votar para garantizar el resultado y se mencionaba la posibilidad de que apareciera Martín Sabbatella, de licencia por estar al frente del Afsca, para hacer lo mismo.
El oficialismo consiguió poco después del mediodía el quórum para iniciar la sesión con 132 diputados, tres más que los 129 exigidos, lo que motivó aplausos y cánticos entre las filas K y sus aliados.
Fueron clave la presencia de tres del Movimiento Popular Neuquino, siete del Frente Cívico santiagueño, dos peronistas pampeanos, cuatro de Nuevo Encuentro y cuatro monobloques: los de Mariana Veaute (ex UCR catamarqueña), el salteño Alfredo Olmedo y sus comprovincianos Walter Wayar y Cristina Fiore Viñuales. En tanto, el oficialismo tuvo cinco bajas: el riojano Jorge Yoma, los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini, la bonaerense Mabel Muller y la esposa del gobernador santacruceño, Blanca de Peralta.
Al menos el salteño Olmedo tenía decidido al cierre de esta edición votar en contra de los tres proyectos K (los otros dos son la regulación de las cautelares contra el Estado y la creación de Cámaras de Casación en los fueros civil y comercial, del trabajo y contencioso administrativo). Esta situación apremiaba al oficialismo, cuyas principales espadas se mostraban preocupadas por poder tener los 129 votos en el momento definitivo. La también salteña Fiore Viñuales le dio algo de paz cuando dijo que votaría a favor, pese a no aceptar que se le ponga una camiseta política partidaria a los magistrados. Pero la catamarqueña Veaute no había dado indicios. Por la noche, el oficialismo decía que ya contaba con 130 votos.
El debate se inició bien caliente con acusaciones entre Elisa Carrió y la kirchnerista Diana Conti por el desarrollo del debate en comisiones. Luego, Conti aseguró que la votación de los académicos, abogados y jueces para integrar el Consejo de la Magistratura dará a ese cuerpo "una legitimidad popular" para la toma de sus decisiones más importantes como "formar las ternas, suspender o enjuiciar" a los magistrados.
"Queramos a nuestro pueblo y démosle todas las posibilidades de votar lo que legítimamente se merecen", aseveró la titular de Asuntos Constitucionales. Además, recordó que quien destituye a un juez es el Jurado de Enjuiciamiento, donde se necesitarán dos tercios de los votos.
La aclaración de Conti no convenció a la oposición. ya que el proyecto prevé que el Consejo podrá, por la mitad más uno de los votos, suspender a un magistrado y pedir su destitución. Este argumento fue el más usado por el arco no K, que sostiene que el partido que gane las elecciones tendrá el 70% del Consejo y podrá tener bajo amenaza a los jueces independientes.
El radical cordobés Oscar Aguad hizo estallar a los kirchneristas de ira. Primero dijo que "es inconstitucional ponerle a los jueces una camiseta partidaria, eso es la inmoralidad política más grande que se haya ejecutado en este país".
"Es falso que no tengan participación política", dijo el kirchnerista Carlos "Cuto" Moreno, consejero de la Magistratura, sobre sus colegas. Recordó que el camarista Ricardo Recondo se jacta de ser ex funcionario radical y que el abogado mendocino Daniel Ostropolsky es militante de ese mismo partido. Sobre el otro abogado, Alejandro Fargosi dijo que "representa al Pro".
Por el FAP, Margarita Stolbizer, les refregó a los oficialistas haber dado marcha atrás con la quita de poder de administración de la Corte. "La demonizada corporación judicial pasa ahora a ser un socio amable", comentó. Como para toda la oposición, Stolbizer marcó que "esta reforma va a aumentar la dependencia de los jueces porque deberán someterse a los partidos, conseguir avales para ser candidatos y hasta financiamiento".
El peronista disidente Gustavo Ferrari aseguró: "Se busca someter al garante de la independencia y la igualdad al designio del Ejecutivo, se busca controlar al controlante". En tanto, Liliana Parada (Unidad Popular) usó una metáfora que cundió: "Ahora se va a saber quiénes serán los jueces y a quiénes responden. Ni siquiera hará falta poner los nombres en una servilleta".
Los opositores criticaron una de los cambios incorporados por el FpV el martes: el que exige a los partidos que quieran presentar listas de consejeros, para poder pegar estas a las boletas de legisladores nacionales, que lleven el mismo nombre en al menos 18 de los 24 distritos electorales. El apoderado del PJ, Jorge Landau, intentó explicar que era para darle coherencia a una elección de carácter nacional.
