En el Gobierno provincial, el proceso de incorporación de empleados contratados a la planta permanente que -mediante cronogramas acordados en paritarias se viene aplicando desde 2009- se considera que transita “su etapa final”. Al punto que se evalúa seriamente avanzar este mismo año en el llamado a concurso de ingresos o ascensos en algunos sectores del Estado (podría ser la administración central), tal como ya se aplica en Educación. Este proceso de llamado a concurso arrastra una demora de siete años.
Una convocatoria de este tipo es una de las concreciones que el gobernador Francisco Pérez está reclamando a su gabinete para 2014 y es uno de los objetivos del reciente decreto 155 que “congela” ingresos y ascensos, salvo decisión en contrario del Gobernador.
Pero distinta es la visión desde el sector gremial donde se considera “un avance” que se hable de concursos, pero se hace notar la necesidad de pasos previos. “Para poder implementar un decreto de estas características antes que nada hay que cumplir con los acuerdos paritarios”, reclamó Roberto Macho desde ATE.
“Antes de llamar a concurso se requiere que el personal que está bajo contrato de locación de servicios o en prestaciones de servicio, sea blanqueado en el Estado. No se pueden abrir los concursos si todavía hay personal trabajando en negro en el Estado” (porque se los excluye del proceso), hace notar el dirigente de ATE. Reconoce que “hablar de concursos cuando están pendientes desde 2007, es un avance”.
Según cifras oficiales, en la paritaria de 2012, tan sólo en Salud, 1.350 contratados pasaron a ser efectivos y el año pasado lo propio sucedió con 900 celadores en Educación. “En la Administración Central ya se ha cumplido con los acuerdos de pase a planta permanente hasta 2012 y en Salud hasta 2011”, aseguran en la Casa de Gobierno.
Pero es muy diferente lo que se afirma en ATE: “En Salud sólo se ha cumplido hasta 2010 y aún están pendientes cumplimientos irregulares de los acuerdos de 2007 y 2008”.
La diferencia de visión hace que en el Ejecutivo no esperen mayores desinteligencias con los gremios en materia de nombramientos y descuentan que la gran discusión paritaria será básicamente salarial. Mientras, en ATE, se espera una doble discusión. De todas maneras, las dos partes esperan una negociación dura.
“Todo contrato de locación cuyos titulares pasaron a planta se considera como una baja y no se podrá hacer una nueva designación sobre la base de dicho contrato de locación”, afirma el propio gobernador Francisco Pérez en su decreto 155 de “restricción y eficientización del uso de los fondos públicos”. Esto “afecta a todos los organismos desde la administración central a los entes autárquicos y descentralizados”, subraya el decreto que -a su vez- “invita al Poder Legislativo, Poder Judicial y a los municipios, a tomar medidas similares a las dispuestas por este decreto-acuerdo”.
La norma “prohíbe todo incremento de la partida de personal en todos sus tipos salvo expresa autorización del Gobernador”, tal como lo dispusieron en años anteriores. “La propia normativa establece que aquel funcionario público que permita bajo su autorización una situación prohibida por este decreto, puede ser perseguido patrimonialmente por el organismo competente, que es Fiscalía de Estado”, subrayó el ministro secretario Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez.
La decisión de Pérez llega en medio de las críticas de la oposición (especialmente el radicalismo) por el incremento del número de empleados públicos durante su gestión y la de su antecesor, Celso Jaque. Aunque ayer no apareció en el Boletín Oficial, se puede considerar que se adoptó a once días del inicio de las paritarias con el SUTE.
