La relación entre el Gobierno y los gremios estatales se tornó esta semana en una historia de fuertes encontronazos que poco han contribuido a mejorar las negociaciones de aumentos salariales.
Por el contrario, hubo serios enojos, principalmente de los trabajadores, a partir de un descuento inesperado en los salarios de los docentes, de la intención gubernamental de reglamentar asambleas en la administración central y de las denuncias de aprietes y consignas rotas hechas por ATE, llevadas incluso al ámbito penal.
El Gobierno minimiza las acusaciones, atribuyéndolas a "una puesta en escena" y confía en que las negociaciones seguirán adelante, al tiempo que se compromete a hacer los arreglos necesarios en los sueldos incompletos.
Doble denuncia de ATE
Ayer a la mañana, miembros de ATE presentaron una denuncia en la Fiscalía N° 1 (derivada luego a la Fiscalía N° 2) contra el agente paritario Mauricio Guzmán, de quien se dijo que amenazó con enviar a la casa de la secretaria general del gremio, Raquel Blas, patotas de militantes para fustigarla y, de ese modo, presionar para que acceda a las propuestas del Gobierno.
"Son las tristes persecuciones que ya ha vivido la Argentina", calificó Roberto Macho, de ATE, al comentar el hecho.
La presentación, hecha por Blas en base a una declaración de su hermana Gabriela, integrante del sector docente de ATE, indica que Guzmán le advirtió a ésta, el pasado 18 de marzo -cuando se concretaba el acuerdo paritario con el SUTE- que mandaría a un grupo de militantes a la casa de la secretaria general a "hacerle un escrache" si el gremio le hacía lo mismo a él.
Guzmán no quiso opinar al respecto y sólo se limitó a decir que esperará la notificación judicial, la cual, según ATE, está acompañada de una grabación de lo ocurrido.
Quien sí respondió fue el ministro de Trabajo, Félix González, para quien todo se trata de "una movida política, una puesta en escena lógica en tiempos de paritarias". De todos modos, no tuvo términos amigables para referirse al asunto.
"Nosotros también tenemos testigos y podemos plantear las amenazas que recibimos. Si denunciásemos cada vez que nos quieren escrachar, tendríamos a la Justicia llena de expedientes", lanzó.
La otra denuncia de ATE está referida a que el ministro de Turismo, Javier Espina, "mandó a la seguridad a romper los carteles y banderas de los trabajadores que se estaban manifestando", indicó Macho, quien de todos modos insistió que su gremio "no desobedecerá la conciliación obligatoria" que hoy atraviesa al sector de la Salud en plena discusión paritaria.
El memo de las asambleas
Otra situación que enturbió las negociaciones es un memorándum que llegó a la Dirección de Rentas, firmado por el ministro de Hacienda, Marcelo Costa.
En el memo Costa buscó "instruir" sobre el procedimiento en las asambleas. "Cada autoridad deberá informar a los sindicatos o personal autoconvocado que las asambleas se comuniquen con una antelación mínima de 48 horas", signó Costa, entre otros puntos.
Sobre esto González adujo que "hay asambleas que duran 2, 3 y hasta 4 horas y se transforman en medidas directas o paros virtuales", lo cual "se sanciona con el descuento del día", alertó.
Tanto ATE como Sitea (sindicato de autoconvocados, con mayoría de adherentes en Rentas), rechazaron el pedido.
"Ningún funcionario del Ejecutivo está en condiciones de reglamentar las asambleas", dijo Fernando Orellano, de Sitea, quien de todos modos dijo que las asambleas que ellos impulsan "respetan los horarios" y advirtió que "la semana que viene seguirán".
La administración central, que ha tenido fuertes protestas de los empleados, con paros y asambleas según el gremio involucrado, tendrá su nueva paritaria el jueves 4 de abril, y si bien todos buscan negociar, difícilmente el Gobierno, cuya última oferta fue una suba de 25% en dos pasos, pueda alcanzar los porcentajes (30% Sitea y 50% ATE) que reclaman los sindicatos del sector.
