En el año con menor nivel de conflicto público por reclamos salariales de la última década, y con las paritarias habitualmente más complicadas ya cerradas (Judiciales y Salud), al gobierno de Francisco Pérez le apareció un dolor de cabeza desde donde menos se lo podía esperar: ahora el que acelera planteos judiciales y prepara planes de lucha es gremio de la Sanidad que dirige el habitualmente dialoguista Juan Carlos Navarro (ver aparte).
La dirigencia de ATSA presentó hace tres años en la cámara laboral un reclamo contra las liquidaciones salariales del sector en base a los aumentos acordados entre el Gobierno y ATE Salud durante los últimos tres años. Y la Justicia ha rechazado un planteo de incompetencia presentado por el Estado por lo que la causa continúa su avance.
Se trata de una acción judicial institucional que pretende abarcar a los doce mil empleados del sector (incluidos los entes descentralizados), aunque se entiende que en algún momento del proceso requerirá de presentaciones individuales para eventuales accesos al cobro de reconocimientos. Una acción de este tipo lleva involucrado un reclamo de 72 mil sueldos (seis por agente en tres años) que representan una enorme suma que supera los 300 millones de pesos.
Para ATSA, los aumentos salariales que el Estado acuerda desde 2010 con ATE y Ampros (tras haberse acordado una suma fija pareja para todos) "distorsionaron la aplicación de la escala salarial del escalafón de la Sanidad".
Esto significa que en los últimos tres años "hemos venido cobrando un importe anual menor", asegura Navarro y estima que esa pérdida es el equivalente a dos sueldos por año de cada agente. El gremialista recuerda que "el estatuto escalafón de la Sanidad tiene carácter de ley".
La norma establece una escala salarial donde la brecha entre el ingreso de la clase uno inicial con el de la última clase 17 no puede superar el 250 por ciento. "Estamos de acuerdo con el aumento del 25% (otorgado este año por el Ejecutivo en paritarias con ATE y Ampros), que es lo que pedíamos, pero rechazamos la modalidad del reparto de ese 25%", destaca Navarro.
El Gobierno espera
En el Gobierno, el coordinador paritario Mauricio Guzmán reconoce que "si bien es cierto que el escalafón de la Sanidad es una ley" aprobada por la Legislatura, "también son leyes igualmente aprobadas los acuerdos salariales posteriores" con ATE y Ampros. Y recuerda que "una ley modifica a otra ley", si bien reconoce que "ATSA fue el único miembro firmante" del escalafón de la Sanidad. Guzmán destaca que "es un tema que se va a resolver en la Justicia", aunque agrega que "no renunciamos a la posibilidad de alcanzar un acuerdo" con ATSA.
Navarro mantiene un enfrentamiento con las organizaciones sindicales rivales del sector -ATE, que encabeza Raquel Blas, y Ampros, liderada por Isabel del Pópolo- y desde hace dos años mantiene a su gremio en una negociación con el Estado distinta a la de la paritaria de la Salud. Es que una firma suya a un entendimiento del Estado con ATE y Ampros derrumbaría su estrategia judicial, ya que lo haría aparecer admitiendo acuerdos que él denuncia en la Justicia como "distorsivos" de la escala de la Sanidad.
ATE y ATSA mantienen una lucha histórica por la representación mayoritaria de los trabajadores no profesionales de la salud. Aunque todo indica que esa condición la tiene actualmente ATE, la cuestión no se ha terminado de dirimir oficialmente porque ambos gremios no negocian juntos en la misma paritaria, sino por separado en distintos ámbitos aunque sobre el mismo sector.
El titular de ATSA es un declarado enemigo de que "profesionales médicos ganen 60 mil pesos" mientras que personal de apoyo "sólo reciba 3.500 pesos". Estas posturas son consideradas "atendibles y con lógica" en la Casa de Gobierno.
El dirigente de la Sanidad cuestiona al actual "regreso al modelo del médico hegemónico", resalta que los enfermeros y el personal de apoyo "son los que realmente ejecutan las prácticas que hacen funcionar a hospitales y centros de salud", denuncia que "se quebraron la racionalidad y la equidad en el sistema de la Salud de Mendoza", le parece "una enormidad que los sueldos se lleven el 93% del presupuesto del área" y denuncia que la mala distribución interna de la partida salarial "la ha hecho crecer a costa de la provisión de insumos y de medicamentos destinados a la población".
