En una jugada simultánea, la administración de Cristina Kirchner desconoció la validez de la conducción de la CGT que lidera Hugo Moyano y reconoció a la del metalúrgico Antonio Caló. Ayer mismo, en reunión de Consejo Directivo de su CGT el camionero instruyó a los abogados de la central sindical que apelen la decisión del Gobierno ante la Justicia. Podrían pasar años hasta que se resuelva la disputa.
Mientras, Moyano avanza en la organización del paro nacional que planea realizar en la última quincena de noviembre.
Aunque se conoció ayer, la primera resolución es del 29 de octubre. Allí, se rechaza el recurso presentado por el camionero en julio pasado contra la decisión del Ministerio de Trabajo de anular el congreso en el que fue reelecto por un tercer mandato.
Aunque está impresa en papel membretado del Ministerio de Trabajo, la resolución lleva la firma del ministro de Salud, Juan Manzur. ¿La razón? Carlos Tomada, ministro de Trabajo, se excusó de intervenir en el expediente luego de ser recusado la semana pasada por “parcialidad manifiesta” por el camionero.
“Ese papel revela que todo fue un trámite fingido. Acá no intervino la asesoría jurídica de Salud; la resolución fue hecha por Trabajo y simplemente se la hicieron firmar a Manzur”, apuntó Juan Manuel Martínez Chas, asesor legal de la CGT.
La otra resolución tiene fecha de ayer y lleva la firma de Elena Otaola, directora de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo. En su parte resolutiva, extiende el “certificado de autoridades provisorio” a la conducción de la CGT oficialista “por el término de 90 días corridos o hasta tanto el presente acto administrativo mantenga su vigencia”.
“Esto termina en la Justicia, ya lo sabíamos hace 5 meses. Pero ellos, lamentablemente, van a perder en todas las instancias. CGT legal y legítima hay una sola, la nuestra”, aseguró el lucifuercista Oscar Lescano, miembro del Consejo Directivo de la central cercana al Gobierno.
Otros dirigentes de esa CGT informaron que ya se instruyó a abogados para que inicien el proceso para que Moyano desaloje el edificio de la calle Azopardo.
El camionero atribuyó ambas resoluciones a “maniobras del Gobierno contra todos aquellos que no piensan como ellos. Hemos hecho todo conforme a los estatutos y las leyes y sin embargo este Ministro de Trabajo tuvo la valentía de negarnos el reconocimiento”. Y agregó: “Tenemos la absoluta seguridad que la Justicia nos va a devolver el derecho”.
La batalla judicial será extensa. Una de las ideas que se barajan cerca de Moyano es que no sólo la CGT apele la decisión del Gobierno ante la Justicia Laboral sino que también lo hagan por separado los gremios que forman esa central. De esta manera, los plazos serán muy largos.
Hasta es posible que para cuando haya sentencia, moyanistas y antimoyanistas estén unidos de nuevo en una sola CGT.
