El fiscal Alberto Nismam acusó a las autoridades de Teherán de infiltrar estaciones de inteligencia en varios países suramericanos con el propósito de “cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”.
El dictamen cobró más notoriedad aun porque en el pasado mes de enero la Argentina firmó con Irán un acuerdo para avanzar en la investigación del tremendo atentado a la mutual judía y tomar declaración indagatoria en aquel país a cinco de los ocho acusados. El Congreso argentino aprobó con el solo voto del kirchnerismo ese memorándum y el gobierno del presidente Ahmadinejad hizo lo propio pero sin pasar por el Parlamento iraní.
El gobierno de Irán salió rápidamente a criticar la acusación de Nisman señalando que la misma “emana del carácter sionista del fiscal. No le damos la mínima importancia a sus reclamos”. Una respuesta carente de argumentos y dotada de una absoluta intolerancia, concordante con la postura de las autoridades iraníes con quienes sospechan de su accionar y tienen en la mira su programa nuclear como potencial elemento de expansionismo.
En el dictamen del fiscal de la causa AMIA, presentado ante el juzgado del doctor Rodolfo Canicoba Corral, se denunció al gobierno iraní por la infiltración de grupos terroristas en distintos países de América. Y como medida de prueba, el funcionario le pidió a Interpol extremar los procedimientos para poder detener a los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional por la comisión de acciones terroristas.
El pronunciamiento del fiscal argentino no debe quedar sólo circunscripto a la causa judicial iniciada a raíz del trágico atentado de julio de 1994. Nisman demuestra en su extensa fundamentación que aquella acción terrorista formó parte de un plan armado desde Teherán para transformar a América Latina en escenario de ejecución de dicha estrategia.
El pronunciamiento de quien tiene a su cargo la investigación del atentado a la AMIA es un golpe muy fuerte a la errática política exterior de nuestro país. Con más razón cuando el kirchnerismo en sus diez años de gobierno desorientó al concierto de las naciones con su brusco giro con respecto a las autoridades iraníes, siempre con relación al acto terrorista en Buenos Aires del que se las acusa.
En efecto, en el año 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner expresaba ante la Asamblea General de la ONU el anhelo de nuestro país de que Irán respetara la decisión que había adoptado un año antes la Justicia argentina, que acusó al gobierno iraní de la planificación del atentado y en especial a un ciudadano libanés de Hezbollah de haber sido el ejecutor del ataque bajo control de Teherán.
Sin embargo, en octubre del año pasado, y en el mismo ámbito de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández cambiaba totalmente el discurso; luego se comprobaría que esa nueva actitud era la antesala del muy criticado memorando bilateral “de entendimiento” suscripto por el gobierno nacional, que supone la entrega de la investigación del atentado a las autoridades del país acusado.
La Argentina debería aprovechar los recientes cambios políticos en Irán para enderezar el rumbo en lo relativo a la relación bilateral y retomar la postura exigente en cuanto al respeto de la nación islámica de la investigación llevada a cabo en nuestro país.
Hasta debería animarse a revisar el polémico acuerdo suscripto a principios de este año, que lanza un manto de sospecha de mayor impunidad sobre los responsables del atentado de 1994. Las relaciones estrechas con regímenes tan controvertidos como los de Irán, Venezuela y Cuba sólo potencian el aislamiento internacional al que por su propio empecinamiento lleva a la Argentina el gobierno kirchnerista.
