El núcleo de los graves problemas económicos que hoy vive la Argentina lo aceptan todos, incluidos altos funcionarios del gobierno. Hacia ese lugar parecían apuntar declaraciones, aunque sin medidas concretas, a partir del cambio de jefe de Gabinete y del presidente del Banco Central.
Pero los acontecimientos producidos en el país, huelga policial, saqueos, destrucción, muertes, parecen haber terminado con lo que alguien llamó la “primavera cristinista”. Además esos graves hechos han introducido, de golpe, nuevos factores que agudizan los problemas de una economía debilitada.
La combinación de severos desequilibrios económicos, que necesitan urgente corrección, con un clima político social de una tensión tal que produjo las explosiones conocidas, hacen mucho más difícil una tarea que de por sí requiere una gran pericia técnica, amalgamada a un muy buen manejo político.
Sin duda las huelgas policiales, los desmanes de todo tipo, la violencia expresada en los saqueos y destrucción, en resumen el delito y la inseguridad consecuente, se han hermanado con el principal problema de la economía: la inflación. Ambos problemas, inseguridad e inflación, son percibidos como los principales que deben enfrentar las familias y las personas, según numerosas y repetidas encuestas.
La inseguridad, o el delito que la genera, son la consecuencia de años de malas políticas, que han llevado a la reconstrucción de un Estado elefantiásico pero incapaz de cumplir con su principal función: garantizar la vida y los bienes de sus habitantes. Cuando esto ocurre, y hace ya mucho tiempo que ocurre, la anarquía está a las puertas de la sociedad; el límite entre el desorden permanente en que vivimos y el caos, es siempre estrecho.
Ese desorden -el rechazo de un elemental concepto de orden público- es el resultado del populismo imperante. Como también es resultado de esas ideas y políticas, la inflación, negada por el gobierno que la produce, al extremo de sostener que la emisión de dinero a raudales no produce inflación, mientras la población comprueba diariamente cómo ese dinero pierde poder adquisitivo.
El gobierno emite dinero para financiar un gasto público absolutamente desbocado, que una carga fiscal agobiante no puede financiar. Ambos -gasto y carga tributaria- se encuentran en el nivel más alto de la historia, llevándose casi uno de cada dos pesos que genera la economía. El gasto público ineficiente e inequitativo es el origen de una corrupción generalizada. “Los saqueos de arriba, generan los saqueos de abajo”, ha dicho un ex Presidente.
Pues bien, ahora sobre llovido mojado, como dice el refrán. Cuando se insinuaba que el gobierno nacional tenía la intención de moderar el gasto y la inflación, con el consabido acuerdo social, las rebeliones policiales y los incrementos salariales otorgados bajo presión han dado al traste con aquella intención.
El fenómeno se ha extendido a todas las provincias y el propio gobierno nacional anuncia aumentos para la Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad. Los aumentos otorgados son todos del 35% para arriba y hay varios casos que exceden el 50%. No hace falta saber mucho, ya está ocurriendo, el contagio con el resto de empleados estatales es ya un hecho. Se extenderá, es obvio, a muchos sectores privados.
La conclusión: si las finanzas públicas estaban mal y el déficit es creciente, la posibilidad de aumentar impuestos es nula. Por lo cual la pregunta obligada es: ¿de dónde saldrán los fondos para pagar el significativo aumento del gasto? Nadie sabe de dónde.
O, en realidad, todos saben y lo callan: de la fábrica de billetes del Banco Central. Emisión e inflación asegurada. Pero el problema grave es que esto recién comienza, se ha desatado la denominada “puja distributiva” y no será fácil pararla. Estamos caminado en la cornisa.
