En medio del proceso de elaboración de los pliegos licitatorios para la futura concesión del sistema de transporte, la asociación que nuclea a los empresarios del sector hace pública una deuda del Estado. Desde el Gobierno, el ministro de Transporte Pablo Rosseau no niega esa deuda, 104 millones de pesos y corresponde a cuarenta días de atraso en los pagos diarios que hace el Estado.
Hay varias lecturas para hacer respecto de esa deuda. Por un lado, la ya clásica afirmación de que los ingresos del Estado no dan para cubrir todos los agujeros, por el otro es preguntarse por qué los empresarios eligen este momento para blanquear la deuda.
Los ingresos de las empresas tienen tres orígenes distintos: la recaudación de Red Bus, los subsidios nacionales y los provinciales. La cuenta que se saca es sencilla: al costo que insumen las unidades de todas las empresas de transporte, más la ganancia de los empresarios, se resta la recaudación de los boletos pagados y los subsidios nacionales. El remanente es cubierto por la provincia para mantener el precio del boleto en $ 4.
Las historias que cuentan el gerente técnico de Autam Oscar Razquín y el ministro Rosseau coinciden en varios puntos. Primero en el monto; Razquín habló de alrededor de 100 millones de pesos, Rosseau precisó son $ 104 millones; Razquín dice que el atraso es en la parte correspondiente a la provincia; Rosseau admite y dice que la recaudación de los boletos se paga a diario, que los subsidios nacionales llegan a la Provincia dos veces por mes y se transfiere inmediatamente y que si hay atraso en el subsidio provincial.
Rosseau es más detallado al explicar. Dice que normalmente el trámite administrativo de pagar la cuota parte provincial demora 20 días y que en estos momentos hay un atraso de 40 días más en esos pagos, pero que Hacienda está emitiendo cheques todos los días. Es decir, serían dos meses de atraso. Eso suma $ 104 millones.
Este atraso se agrega a la larga lista de cuentas impagas que exhibe la provincia, ya sea a proveedores, prestadores, e incluso el pago de los aportes retenidos a los empleados estatales que debían ser depositados en las cuentas de la OSEP, tal como lo publicó Los Andes el 11 de julio pasado. Con esos antecedentes no parece extraño que haya algún atraso con las empresas de transporte. La pregunta es por qué ahora salen los empresarios.
Razquín indica que las empresas han priorizado el pago de sueldos y de cargas sociales, además de combustible e insumos para que los colectivos circulen, pero que están retaceando la inversión en nuevas unidades. Y esto, al menos en la lectura de las empresas, podría incidir en la futura concesión del servicio de transporte.
La actual concesión vence a fin de año y el Gobierno trabaja en el pliego para llamar a licitación para la nueva concesión. Desde el Gobierno el ministro Rosseau indica que “no los consideramos malos prestadores” y la antigüedad de las unidades no es un problema.La cuestión es que el nuevo pliego sin duda pondrá un límite a los años de uso de las unidades y los empresarios abren el paraguas por las dudas.
La pregunta es si pueden surgir nuevos jugadores que apuesten a Mendoza para prestar alguna de las líneas. No es imposible, pero es difícil que aparezca algún empresario de otras provincias, con capacidad para prestar aquí el servicio.
Rosseau dice que la deuda que el Gobierno mantiene con las empresas y la futura licitación no deberían cruzarse, que son dos historias paralelas. “Se pueden contemplar algunas situaciones, pero hay otras que son indiscutibles, sobre todo en lo que hace al servicio a los usuarios”, jura el ministro.
