El Gobierno y el acoso a los empresarios

Hace unos días, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, admitió que tuvo que dejar una compañía constructora porque funcionarios del Ministerio de Planificación lo amenazaron con marginarlo de la obra pública financiada por el Estado.

"Vendí mis acciones, las malvendí, porque vender en circunstancias como éstas, en que uno no pone condiciones... A ningún empresario le gusta esto y ninguno puede decir 'no es tan grave'", dijo en declaraciones radiales. Claro está que se trata de un hecho grave, uno más que se inscribe en una conducta sistemática del Gobierno nacional de ataque a los empresarios, de culparlos de cualquier problema que se presente en la economía.
 
Para el Gobierno son los empresarios quienes provocan la inflación por su avaricia, su afán de ganar mucho; nada tiene que ver la emisión monetaria, el gasto público y el déficit fiscal, financiado imprimiendo billetes. Desprestigiar a los empresarios es una especie de deporte para los funcionarios, comenzando por la Presidenta, siguiendo por ministros y ahora contagiados algunos gobernadores.

Las consecuencias de esta manera de pensar y proceder no son inocuas. Van desde las numerosas empresas extranjeras que abandonaron el país hasta la paralización de proyectos de inversión a la espera de que cambien los tiempos. Desde la denominada "crisis del campo" de 2008, la desastrosa política agropecuaria ha implicado una reducción significativa en el crecimiento de la producción.
 
En particular, la intervención del Estado en la comercialización de trigo, prohibición de exportar, retenciones y otras limitaciones han concluido con el pan a precios inaccesibles para gran parte de la población. Pero el acoso a los empresarios agrícolas ha llevado a que muchos de ellos se fueran a sembrar trigo al Uruguay, donde no hay restricciones comerciales ni gravámenes a las exportaciones. Así, los argentinos son responsables de 40% del cereal que allí se siembra. No han faltado las expresiones irónicas de funcionarios de aquel país por la ayuda que les ha dado la política argentina.

En esta acción de acoso a las empresas, grandes o chicas, el Gobierno hace uso y abuso de las excepcionales facultades que en el transcurso de una década ha otorgado a la AFIP, a la Aduana, a la Comisión Nacional de Valores, entre otras. La dependencia fiscal se parece hoy mucho más a una de las poderosas organizaciones de espionaje y seguridad de los países totalitarios que a una agencia que debe recaudar impuestos respetando los derechos de los ciudadanos en una república.

Son de sobra conocidos los casos de uso indebido de la información que obliga a presentar a los contribuyentes para luego presionarlos o amenazarlos. Hoy a los funcionarios de AFIP les basta con apretar una tecla de sus computadoras para bloquear el CUIT de una empresa y dejarla sin posibilidad de operar. Luego vendrá el calvario para que se les restituya. La Aduana ha transformado las operaciones de importación en un camino sinuoso cuyo final es desconocido.

Comienza con las DJAI que otorga, a gusto y cuando quiere, el Ministerio de Economía; luego vendrán largas discusiones con los despachantes por las clasificaciones que corresponde aplicar a los productos. La CNV, convertida también en una gran burocracia al servicio de una facción política, amenaza constantemente a las sociedades, coticen en la Bolsa o no. Siempre presente la discrecionalidad de los funcionarios frente a la impotencia de quien hace el trámite. No es necesario decir que estos poderes casi omnímodos son siempre una fuente potencial o real de corrupción.

Recientemente el diputado nacional Héctor Recalde, que se ha destacado por propiciar leyes que hacen cada vez más gravosos los costos laborales, ha presentado un proyecto para modificar las leyes de Abastecimiento (derogada según la jurisprudencia), de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. Según sus propias declaraciones, se pretende aumentar las penalidades, obligar a pagar las multas como condición para recurrir a la Justicia, incluso expropiar bienes que sean objeto de desabastecimiento.

En definitiva todo esto que ocurre a diario ha creado un clima de acoso, de agobio, de temor en las empresas y los empresarios. Es decir, lo contrario a la confianza, indispensable para que la economía crezca.