El Gobierno nacional acusó inmediato recibo del unánime reclamo de la casi totalidad de los gobernadores no oficialistas de que el financiamiento de las medidas electorales proconsumo adoptadas después de las primarias abiertas (PASO) no sea a costa de los recursos coparticipables que reciben las Provincias. Por la mañana, los mandatarios de las provincias, mayoritariamente peronistas, amenazaron con ir a la Justicia el lunes sino había una propuesta de compensación del recorte de la masa coparticipable.
Ni bien finalizó la reunión de los 18 gobernadores (todos, menos el cordobés Juan Schiaretti; en su lugar estuvo el ministro de Hacienda cordobés Osvaldo Giordano), el Gobierno nacional tendió un puente de diálogo inexistente hace una semana, cuando anunció cambios en IVA, Ganancias y monotributo que afectan la coparticipación.
El canal de diálogo se abrió a nivel técnico durante una reunión de los ministros de hacienda provinciales en la Comisión Federal de Impuestos (CFI), con los funcionarios del Ministerio del Interior directamente relacionados: el secretario y el subsecretario de relaciones con provincias y municipios, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero.
“Se abrió un canal de diálogo”, dijo a este diario uno de los funcionarios nacionales participantes de la reunión. “La propuesta desde la Nación -precisó- es buscar algún esquema de compensación provincia por provincia, que tenga en cuenta la necesidad de recursos adicionales”.
Para ello los funcionarios de Interior se comprometieron a acercar propuestas en los próximos días. Será después de que hoy se reúnan con los flamantes funcionarios de la secretaría de recursos públicos del Ministerio de Hacienda tras la asunción el martes del nuevo titular Hernán Lacunza.
Según la fuente de Interior, el esquema de compensación que se analizará en los próximos días alcanzará a unos 32 mil millones de pesos que son, números más o menos, los ingresos que dejarían de percibir desde septiembre próximo las provincias por los cambios en IVA y Ganancias.
Sucede que el cálculo que hizo la CFI estimó en 51 mil millones la perdida que tendrían las Provincias, en tanto Interior, si bien lo estimó en 58.300 millones, con los "recuperos" producto de mayor consumo e IVA aduanero, la pérdida neta sería de $ 3.300 millones de pesos.
El diálogo se abrió después de una reunión de dos horas que desde antes del mediodía se realizó en la sede del otro CFI (Consejo Federal de Inversiones). La reunión fue una fuerte demostración de poder político de los gobernadores, como no se había visto durante el gobierno de Macri.
“Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de los servicios esenciales y -dice el documento de los gobernadores en su parte medular- la preservación de la Paz Social en cada uno de los Estados que representamos”.
Dejaron en claro el documento que no se oponen a las medidas proconsumo postprimarias del Gobierno, pero sí a la forma “inconsulta y unilateral” con que se adoptaron, “sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos”. Reclamaron en ese sentido “las compensaciones necesarias” para que no se vean afectadas las finanzas provinciales.
De no haber una respuesta en ese sentido, los gobernadores dejaron sentado que reclamarán medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia. Las presentaciones con los mismos argumentos (violación del artículo 99, inciso 3 de la Constitucíón) se harán el lunes próximo, en lo posible la mayor cantidad de provincias.
Uno de los gobernadores dijo que estas medidas que afectan a las provincias son una represalia por el resultado electoral de las primarias abiertas: “busca castigarnos porque también perdió en nuestras provincias”.
Además de los trece gobernadores peronistas, salvo Schiaretti, participaron y firmaron el documento: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Superávit comercial de U$S 951 millones en julio
La economía argentina registró en julio un superávit comercial de 951 millones de dólares, gracias a que exportó por unos 5.865 millones e importó por 4.905 millones, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Con el resultado de julio, el país acumuló un superávit comercial de 6.540 millones de dólares en los primeros siete meses del año, período en el que las exportaciones crecieron 3,3% y las importaciones se derrumbaron 26,8%.
Desde septiembre de 2018 a julio de 2019 hubo un superávit de 9.479 millones de dólares. Los números oficiales muestran el impacto que tuvo la devaluación del peso argentino el año pasado. Y el superávit podría aumentar fuertemente hacia fines de 2019 por la suba reciente del 24% en el tipo de cambio.
