Economía
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hace 11 horas
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, responsabilizó hoy ante la Justicia federal a un ex subdirector y a su medio hermano por el supuesto cobro de una presunta coima de 7,7 millones de pesos en la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013.
"Niego los hechos que me atribuyen, niego que sucedieran como se explican, no sabía que (el ex subdirector general Guillermo) Bellingi tuviera un hermano (Juan Carlos Thill); menos que ese hermano o él tuvieran vinculo con la inmobiliaria que licitó el inmueble", comenzó diciendo la jefa de los fiscales en una indagotoria ante el juez Julián Ercolini que comenzó a las 10 y terminó pasadas las 14.
Tras estimar que esa relación que le fue ocultada a ella también lo habría sido al resto de los funcionarios involucrados en el expediente, aseguró que en el proceso no hubo un "direccionamiento" de su parte en favor de un oferente y afirmó: "Ni en ese momento ni ahora veo un ninguna irregularidad en el pliego ni en todo el trámite".
"Si usted suprime el negocio oculto de Thill y Bellingi, no hay nada irregular en el trámite, ni yo ni las áreas (del organismo que conduce) pudieron detectar una irregularidad", dice la declaración a la que accedió DyN.
La jefa de los fiscales aseguró que le causaba "risa" pensar en un reparto de beneficios de las suculentas comisiones cobradas en la compra de inmueble donde funciona su despacho, y rechazó que pueda sospecharse de la elección de ese edificio solo porque tiene cocheras, cuando está en pleno microcentro.
Además de responder preguntas de su defensa, del juez y del fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó presentó un escrito de 113 páginas donde sostuvo: "Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de (el subdirector general) Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill". Y agregó que "está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill".
En el escrito insistió con que "no cobró ni se benefició" personalmente "por esta operación" de la compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 del microcentro de esta capital y recalcó que "la Procuración General de la Nación no abonó comisión alguna por la operación".
Y aseveró que "la denuncia anónima que dio inicio a la investigación" mencionaba "una participación" de su ex marido, Héctor Gustavo Alonso, pero enfatizó que "esos supuestos también fueron desacreditados por completo en el expediente".
"La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contario, se adquirió un bien a un valor inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal", sostuvo la Procuradora.
Esta causa investiga la compra por casi 44 millones de pesos a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500 del barrio de Recoleta.
En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado como asesor a Thill, medio hermano del contador Bellingi, subdirector general de la Procuración al momento de lalicitación.
Bellingi y Thill están imputados en la causa junto a otras ocho personas, y todos ya prestaron declaración indagatoria. Gils Carbó aseguró que "ninguna de las autoridades" de la Procuración conocían "el vínculo" de hermandad de Thill y Bellingi, así como tampoco la relación con la inmobiliaria Jaureguiberry, y reivindicó que en cuanto lo supo dispuso "la apertura del sumario administrativo" y "la suspensión" de Bellingi como director general.
"Guillermo Bellingi defraudó la confianza de la Procuración General de la Nación", enfatizó.
El Gobierno nacional pretende que Gils Carbó renuncie a la Procuración, a punto tal que el propio presidente Mauricio Macri ha dicho que es una "militante kirchnerista", pero ella defiende el carácter vitalicio del cargo, según lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y recordó que "el Presidente de la Nación llegó al cargo procesado (por escuchas telefónicas ilegales), con procesamiento confirmado por la Cámara".
