La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, responsabilizó ante la Justicia federal a un ex subdirector y a su medio hermano por el supuesto cobro de una presunta coima de 7,7 millones de pesos en la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013.
“Niego los hechos que me atribuyen; niego que sucedieran como se explican. No sabía que (el ex subdirector general Guillermo) Bellingi tuviera un hermano (Juan Carlos Thill); menos que ese hermano o él tuvieran vínculo con la inmobiliaria que licitó el inmueble”, comenzó diciendo la jefa de los fiscales en una indagatoria ante el juez Julián Ercolini.
Tras estimar que esa relación que le fue ocultada a ella también lo habría sido al resto de los funcionarios involucrados en el expediente, aseguró que en el proceso no hubo un “direccionamiento” de su parte en favor de un oferente y afirmó: “Ni en ese momento ni ahora veo ninguna irregularidad en el pliego ni en todo el trámite”.
“Si usted suprime el negocio oculto de Thill y Bellingi, no hay nada irregular en el trámite, ni yo ni las áreas (del organismo que conduce) pudieron detectar una irregularidad”, dice la declaración.
La jefa de los fiscales aseguró que le causaba “risa” pensar en un reparto de beneficios de las suculentas comisiones cobradas por el inmueble donde funciona su despacho, y rechazó que pueda sospecharse de la elección de ese edificio sólo porque tiene cocheras, cuando está en pleno microcentro.
Además de responder preguntas del juez y del fiscal, Gils Carbó presentó un escrito de 113 páginas donde sostuvo: “Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de (el subdirector general) Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill”.
