El buque de guerra británico "HMS Westminster" atracó ayer en Gibraltar mientras las autoridades europeas intentan mediar en el conflicto entre Madrid y Londres por la soberanía y los derechos de pesca en las aguas que rodean al enclave.
La fragata, equipada con una lanzadera de torpedos, un sistema de misiles antibuques Harpoon, misiles Sea Wolf tierra-aire y un helicóptero, llegó al enclave británico por la mañana.
Aunque planeada con anterioridad al conflicto, la visita del buque de guerra se produce un día después de que unos 40 pesqueros españoles se manifestaran en las aguas en torno al Peñón para pedir la retirada de los 70 bloques de hormigón que Gibraltar lanzó al mar para formar un arrecife artificial.
Los pescadores denuncian verse privados de sus mejores caladeros por esta medida que daña la empobrecida economía local en una región, Andalucía, golpeada por un 35,8% de desempleo.
El gobierno del enclave británico, sin embargo, acusa a los pescadores españoles de no respetar su política medioambiental en unas aguas reivindicadas tanto por España como por Gibraltar y defiende que el arrecife artificial permitirá regenerar la vida marina.
Se trata del último capítulo de tensión diplomática por la soberanía de este territorio de ultramar británico, de solo 7 km2 y con 30.000 habitantes, mayoritariamente partidarios de seguir siendo británicos.
"Es un despliegue rutinario pero no podría haber llegado en un mejor momento", afirma Tony Evans, observando con entusiasmo como el navío atracaba en Gibraltar, donde debía estar tres días antes de zarpar hacia unas maniobras en el Mediterráneo.
Tanto Londres como Madrid insistieron en desvincular esta visita del conflicto diplomático, que afecta también a la frontera terrestre entre España y Gibraltar.
Esgrimiendo la lucha contra el contrabando, especialmente de tabaco, las autoridades españolas reforzaron los controles aduaneros provocando largas colas de automóviles en la frontera.
Además, su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, amenazó con una tasa de 50 euros para cruzar la frontera.
Esta medida fue calificada como "ilegal"por Olivier Bailly, portavoz de la Comisión Europea, durante una reunión informativa en Bruselas ayer.
El primer ministro británico, David Cameron, había denunciado la semana pasada que estos controles fronterizos están "motivados políticamente" y pidió que la Unión Europea envíe observadores a la zona lo antes posible.
