Desde que asumió el gobierno de Cambiemos se han reiterado las críticas a que varios de los integrantes del Ejecutivo provienen de empresas privadas. Por cierto, estas críticas parten básicamente del kirchnerismo (enriquecidos en el Estado) y de otras facciones de izquierda, pero debe decirse que, aunque en voz baja, tampoco faltan políticos tradicionales que opinan más o menos lo mismo. “El gobierno de los CEOs” se ha convertido en una expresión que pretende descalificar a esos funcionarios. CEO -Chief Executive Officer- es lo aquí llamaríamos director ejecutivo de una empresa, y que en el caso que tratamos puede simplificarse diciendo que se trata del “Gobierno de los Gerentes”.
Hace algunas semanas Lanata publicó en Clarín una aguda nota sobre el asunto con información precisa, humor e ironía. Entre la abundante información citada menciona un análisis de la Universidad de San Martín -USAM-, tan generosamente beneficiada por el gobierno anterior y el ministro Julio de Vido en particular. No por su aporte a las ciencias, que poco se conocen, sino por su ferviente adhesión al ideario nacional y popular. Dice ese estudio que sobre los 370 cargos más importantes del Ejecutivo, un tercio está ocupado por ex gerentes del sector privado. Con mayor presencia en la Jefatura de Gabinete, en Energía y Hacienda. Esto ha llevado a que el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona haya propuesto limitar el acceso de gerentes privados a la administración pública. Es de suponer que el legislador kirchnerista debe estar preocupado de que estos funcionarios desarrollen una “epidemia de eficiencia en el Estado”.
Conviene a esta altura recordar que, hace muchas décadas, en la economía capitalista se fueron diferenciando las funciones de gerenciamiento, de la gestión de los negocios; de la propiedad de la empresa, de los accionistas. Los accionistas propietarios de las grandes y medianas empresas rara vez ocupan cargos gerenciales, normalmente ocupados por profesionales altamente capacitados, que rinden cuenta a los accionistas y son evaluados constantemente según los resultados. En mucha gente hay confusión sobre estas diferentes funciones.
Ahora bien, hay aspectos comunes y aspectos diferentes entre la administración pública y privada. Un aspecto común, esencial, es que ambas administran recursos escasos de usos alternativos; usar esos recursos con la mayor eficiencia, es decir, obtener el mejor resultado posible con el menor gasto de recursos, un principio básico de administración de cualquier tipo de organización: empresa, club deportivo o familia. Pero hay una diferencia importante: en la empresa la finalidad está definida, es obtener un beneficio, una diferencia entre los costos de producción y los precios de venta de lo producido; en el Estado, la finalidad es distinta, se trata de satisfacer el interés general, el bien común. Pero la restricción es la misma, los recursos siempre son escasos, limitados, de uso alternativo y las finalidades ilimitadas; siempre hay que elegir.
La función del político es la elección de la finalidad a la cual se asignarán los recursos limitados. La del administrador, o gerente, es la misma: usar esos recursos de manera eficiente, obtener el máximo beneficio posible de los mismos. Una divergencia crucial es que en nuestro país buena parte de los políticos, en especial quienes adhieren al populismo y rechazan la economía de mercado, creen que los recursos son ilimitados, que siempre se puede gastar más de lo ingresa. No tienen internalizado el principio de la escasez, estos políticos y quienes los apoyan se creen taumaturgos creadores de riqueza desde el Estado por la simple voluntad del gobernante. Es lo que bien se ha llamado “el realismo mágico de la economía”.
Finalmente digamos que el gobierno nacional ha recurrido a numerosos profesionales y técnicos provenientes de instituciones privadas dedicadas a capacitar recursos humanos y estudiar los problemas de nuestro país. No parece una práctica equivocada sino lo contrario.
