Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Cientos de gremios. Las entidades del campo. Familiares de las víctimas de Cromañón. Estudiantes. Vecinos de las villas. Todos ellos, alineados o enfrentados con el Gobierno, fueron espiados entre 2004 y 2011 por la Gendarmería. Las pruebas están en los discos rígidos de las computadoras secuestradas durante el allanamiento al Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, junto las bases de datos de los referentes sociales de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Toda esa información fue recolectada en el Proyecto X con el que la Gendarmería realizó tareas de inteligencia violando las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional.
En uno de esos informes a los que accedió este diario, y bajo el título "Principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la Fuerza", se detalla un listado de gremios nacionales y provinciales. Incluye desde los mecánicos de SMATA hasta los empleados del Servicio Meteorológico. También fueron "monitoreadas" -o espiadas- las "entidades del campo agrupadas en la CRA, FAA, SRA y Coninagro juntos (sic) con autoconvocados y mujeres por la lucha".
En varios de los documentos se mencionan seguimientos a distintos organismos de derechos humanos. Un informe del 3 de marzo de 2010 sobre las audiencias de un juicio oral en Salta señala que "se tomó conocimiento a través de RI que representantes de organizaciones de DDHH ?MADRES DE PLAZA DE MAYO' e ?H.I.J.O.S' de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán participarán de los alegatos en la ciudad de Salta".
El 4 de junio de 2008, en el informe sobre el comienzo del juicio en Neuquén por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba se sostiene que están participando "aproximadamente 350/400 personas entre afiliados a los gremios ATEN, ATE, SEJUN, CERAMISTAS, organizaciones de izquierda y derechos humanos como así también referentes de otras provincias, entre las cuales se puede destacar a la Sra Hebe de BONAFINI y Nora CORTIÑAS de madres de Plaza de mayo, acompañan a Sandra RODRÍGUEZ", la viuda de Fuentealba.Y el informe concluye: "No se observa presencia policial. Desarrollo del evento normal. Ampliaré".
En otro de los informes, del 4 de junio de 2010, sobre la audiencia de otro juicio oral en La Pampa, se sostiene que "tendrá entre el público en su primer día de audiencias varias ?figuras' nacionales vinculadas a la militancia de los derechos humanos. Entre los que vendrán se cuentan, al menos por ahora, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; las dirigentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas...".
Entre la innumerable cantidad de pruebas sobre el espionaje realizado por la Gendarmería durante las gestiones de Aníbal Fernández y Nilda Garré en Seguridad, está también un detallado informe sobre los preparativos de la marcha por el tercer aniversario de la tragedia de Cromañón. La denominada "minuta informativa" del 27 de diciembre de 2007 menciona uno por uno a todos los que convocaban a marchar a Plaza Once. Desde Los Piojos hasta el Partido Obrero. El informe finaliza con algunas conclusiones:
"La base informativa expuesta permite inferir que la ?Tragedia de Cromañón' se ha circunscrito a los familiares de las víctimas y a numerosos actores sociales de izquierda con escasa representación mayoritaria en la sociedad pero si con gran ascendencia en sectores sociales que integran jóvenes y grupos de rock, que podrían reaccionar violentamente ante alguna situación que opaque su reclamo por justicia...".
En ninguno de los informes mencionados figura alguna referencia a partir de la que se podría inferir que los dirigentes mencionados hayan sido investigados por haber cometido algún delito o que haya existido una orden de un juez para realizar las tareas de inteligencia. Sucede que en febrero de 2012, cuando estalló el escándalo, Garré sostuvo que el Proyecto X era para "inteligencia criminal de delito complejo" y "siempre como auxiliar de la Justicia".
Las nuevas pruebas -unos 500 documentos almacenados en 5 CDs- ya están en el juzgado federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y también en poder de los partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que iniciaron la denuncia. Los querellantes reclaman que sean llamados a indagatoria el ex jefe de la Gendarmería Héctor Schenone y otros integrantes de la cúpula de esa fuerza de seguridad.
