Nuevamente el Poder Ejecutivo nacional ha demostrado que le importan nada las facultades constitucionales atribuidas al Congreso nacional en materia de determinación de los gastos e ingresos públicos. Debe decirse también que el Congreso nada ha hecho para recuperar las verdaderas facultades extraordinarias que en el tema en cuestión viene delegando hace ya 10 años.
Es necesario dimensionar la modificación del gasto realizada en tanto está reflejando la desmesura adquirida, como un inquietante desequilibrio en las cuentas fiscales. Por lo pronto el Gobierno reconoce que para cubrir el aumento de gasto sólo cuenta con recursos relativamente genuinos por 11.500 millones, de los cuales 6.000 millones son recursos tributarios y el resto apropiación, indebida por cierto, de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, es decir dinero que no paga a los legítimamente jubilados. Los 40.000 millones faltantes irán a engrosar el déficit que financia con emisión monetaria, déficit que sin el de las provincias rondaría los 60.000 millones.
Diversas instituciones que analizan profesionalmente el gasto y la consiguiente presión tributaria, vienen alertando desde hace tiempo que el nivel alcanzado es insostenible en el tiempo. Por cierto el reclamo de los contribuyentes es cotidiano; ya es antológica la situación del pago de impuesto a las ganancias por los trabajadores en relación de dependencia y más aún la de los trabajadores autónomos.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en un estudio de estos días muestra que el gasto público consolidado (Nación, provincias, municipios) pasó de representar el 28,5% del PBI en 2001 -el más alto hasta ese entonces- al 42% que alcanzaría al cierre de este año. El crecimiento es desmesurado, apabullante, 13,5 puntos más del PBI, de todo lo que producen los habitantes, pasan a manos del Estado. De esa suma, 10 puntos los absorbe el Gobierno nacional, 3 puntos las provincias, en tanto los municipios han mantenido la proporción de 2001. Posiblemente, aquí no se computen los cuantiosos fondos que distintos ministerios nacionales transfieren discrecionalmente a los intendentes amigos y sumisos al poder central.
Pero por otro lado este aumento fenomenal del gasto público no sólo no ha traído mejores servicios públicos para los habitantes, sino que ha introducido distorsiones de enorme magnitud en la economía. Por caso basta señalar que un cuarto de todo el aumento se la llevan las transferencias corrientes al sector privado, que incluyen los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros y cargas, a las de energía y gas entre otras.
Estas sumas de decenas de miles de millones de pesos son además una inocultable fuente de corrupción de todo tipo.
Por cierto, la contrapartida del imparable gasto público es la también imparable presión fiscal, apoyada en un anacrónico sistema impositivo, lleno de parches, oscuro, irreconocible para el hombre común, pero que siente a diario en sus bolsillos. Ahora, ante los déficits inocultables, las provincias se han sumado a la irresponsable carrera de aumentar los tributos provinciales, crear otros, en definitiva agobiar a quienes trabajan y producen.
Lamentablemente parece que tanto el Gobierno nacional como los provinciales olvidan que el origen de las grandes crisis económicas en nuestro país ha sido el desmanejo, los excesos fiscales. Aumento de gastos que no se pueden financiar si no es recurriendo a la emisión o el endeudamiento, que terminan estallando en inflaciones descontroladas, desequilibrios sólo corregibles con ajustes brutales. Deberían recordar lo ocurrido a mediados de los setenta, hacia finales los ochenta y a finales de los noventa. Parece que estamos en el mismo camino.
