L a casi angustiosa atención puesta en estos días en la negociación con los denominados "fondos buitres", o las consecuencias del fallo del juez Griesa y cómo seguirá la historia, o las pujas internas en el gobierno, el irresponsable manejo de una situación muy compleja y cuyo desenlace la población intuye que puede ser perjudicial, nos ha impedido prestar la debida atención a otras medidas no menos preocupantes.
En medio de la polvareda de la "cruzada contra el imperio" el Gobierno acaba de producir un hecho de extrema gravedad, como es su costumbre, sustituyendo al Congreso Nacional, aprovechando la facultades extraordinarias que éste irresponsablemente le ha delegado con las sucesivas prórrogas de la denominada ley de emergencia económica.
En uso de esas facultades el PE, mediante el DNU 1.246, incrementó el gasto público previsto para el corriente año en 160.000 millones de pesos que, con otras normas complementarias, alcanza prácticamente los $ 200.000 millones.
La norma citada autoriza al PE a colocar deuda por $ 150.000 millones, milagros del "desendeudamiento". El incremento del gasto representa algo así como el 22% del presupuestado.
La cifra total del gasto público consolidado ha superado ya el billón de pesos. Para que lo pueda leer y repetir en forma más sencilla, se trata de 1.000.000 de millones y, si quiere, un 1 seguido de 12 ceros. Sencillamente monstruoso; sus consecuencias serán peores aún.
En un reciente informe de Idesa se muestra comparativamente el crecimiento del gasto público en los países avanzados, en América Latina y en Argentina entre los años 2006 y 2013.
En los países avanzados pasó del 38,8% del PBI al 41,8%, con un incremento que llegó al 44,9% en la crisis de 2009, para luego bajar al 41,8%. En América Latina pasó del 29,5% al 34,9%.
Pero lo ocurrido en la Argentina no tiene parangón con ningún lugar en el mundo: creció de 30,9% en 2006 a 46% del PBI en 2013. Muy posiblemente este dato será mayor este año porque el gasto público está creciendo en términos reales y el PBI se reducirá por la recesión.
Resulta casi una obviedad decir que este gasto público exorbitante está produciendo un déficit de similares características, déficit que se financia con diversas formas de emisión monetaria, despojo de los fondos de los jubilados, de activos del Banco Central, endeudamiento del Banco Nación.
Ese déficit alcanzó los 50.000 millones de pesos en los primeros cinco meses del año, habiendo crecido un 146% respecto de igual período del año pasado. Descontando la inflación el incremento real supera el 70%.
Las estimaciones para el año rondan los 125.000 millones de pesos. Mientras tanto el gasto sigue creciendo muy por encima de los ingresos.
Esta situación, con pocas excepciones, se repite a lo largo y ancho del país en las provincias y municipios
En cuanto al decreto, los incrementos tienen como principales destinatarios los subsidios para la energía y otras actividades económicas, transporte de Buenos Aires, YPF, Aerolíneas Argentinas, medios de comunicación estatales y el conjunto de empresas públicas creadas en la "década ganada".
No es necesario señalar que nada de estas fabulosas sumas de dinero tienen como destino mejorar la calidad de vida de los argentinos en seguridad, salud, educación, infraestructura de caminos y transportes o facilidades para trabajar.
Por el contrario, serán una carga más sobre las agobiadas espaldas de un país esquilmado por un Estado que se ha convertido en un verdadero "ejército de ocupación" de una sociedad impotente para reaccionar.
Pero también de una sociedad (al menos parte de ella) degradada por años de clientelismo, del ejercicio de pedir y recibir la dádiva del poder, humillada cotidianamente, envilecida por un aparato de propaganda propio de los regímenes autoritarios que ha terminado aceptando como natural un modo de vida impropio de un país que conoció situaciones mejores.
Tampoco es necesario remarcar que en los pliegues de la magnitud casi incomprensible del gasto público, anida la corrupción que está destruyendo al país.
