El país y la provincia están atravesando por una profunda crisis económica y social. El elevado nivel de pobreza, los altos índices inflacionarios y la creciente carga tributaria, asociada a un expansivo gasto público, han dificultado el sostenimiento de los hogares y el desarrollo de la actividad privada.
El sacrificio financiero que este escenario entraña para la ciudadanía, obliga a la clase política a realizar un esfuerzo ejemplificador que exprese su solidaridad con la cruda realidad que aqueja a la mayoría de la población, contribuya a contraer las erogaciones estatales y regenere los lazos de confianza con la sociedad mendocina. Los ajustes deben comenzar desde la cúspide gubernamental.
Nuestro sistema político está asediado por una aguda crisis de representatividad que ha erosionado los lazos de confianza entre la dirigencia política y la ciudadanía. El quiebre de esa conexión identitaria ha debilitado la función de las organizaciones partidistas como vectores de las demandas ciudadanas. Actualmente los partidos políticos son percibidos como entidades que operan disociadas de las problemáticas que afectan a la ciudadanía.
El vertiginoso declive de la imagen de las fuerzas políticas y del poder legislativo refleja ese distanciamiento. De acuerdo a datos relevados por Latinobarómetro (organización privada con sede en Chile), en 2018 los argentinos expresaban un extendido descrédito en los partidos políticos (84,1%) y el Congreso (70,2%). La democracia liberal pareciera estar en jaque.
La reversión de este proceso requiere la urgente reconstrucción de los vínculos de confianza entre los políticos y la sociedad. Sólo un cúmulo de genuinos gestos de empatía con los mendocinos contribuirá a reposicionar a los partidos, ante los ojos de la sociedad, como auténticos vectores de representación.
La disminución de las remuneraciones de los senadores y diputados provinciales constituiría una contundente señal en esa dirección y una clara muestra de voluntad de reducción del costo político. Por ello, desde el Partido Demócrata (PD) se ha impulsado un proyecto de ley orientado a comprimir en un 30% de los sueldos de los legisladores, y de su personal de confianza, mediante la eliminación de un componente retributivo, exento del pago de ganancias, denominado compensación funcional. De esta forma se daría respuesta a un amplio e intenso reclamo social de mayor austeridad.
Simplemente se trata de un primer paso, entre muchos más que hay que dar, para delinear una trayectoria de reforma ascendente orientada a lograr una mayor proximidad con la ciudadanía y, de ese modo, devolver el prestigio perdido a una noble actividad como lo es la política. La democracia representativa dará indicios de recuperación de su vitalidad el día en el que los partidos y el poder legislativo reestablezcan su reputación social. Ella sólo se recupera demostrando a la ciudadanía que los móviles de la política son los principios, los valores, las ideas, el compromiso, la vocación de servicio y no el mero rédito personal. En otras palabras, se trata de que la sociedad mendocina vuelva a sentir que sus autoridades gubernamentales viven para la política y no de la política.
