Las 22 empresas que producen gas natural en la Argentina embolsarán unos $ 70.000 millones en 30 meses a partir del 1 de enero de 2019, por la compensación de los usuarios ante la devaluación y el pago de incentivos a la producción.
Unos $ 10.000 millones serán transferidos por los usuarios en 24 cuotas, con interés, a las empresas distribuidoras, que a su vez se lo pasarán a las productoras de gas para compensarlas por el impacto de la devaluación en el precio del fluido.
El presidente Mauricio Macri y sus ministros ratificaron ayer en la reunión de Gabinete el avance de esta medida, a pesar de la avanzada opositora (ver aparte) para intentar derogar en el Congreso la medida firmada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, la semana pasada.
Iguacel consiguió el respaldo definitivo de Macri cuando ayer en la Casa Rosada le advirtió que si no se aplicaba esta compensación hubieran "llovido juicios" al Estado por parte de las empresas, porque la regulación de 1992 las ampara.
"No es ilegal ni inconstitucional, es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la presidencia de Carlos Menem", apuntó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al salir de la reunión con el Presidente.
Esos $ 10.000 millones, correspondientes a las facturas emitidas entre abril y setiembre de 2018, recaerán sobre las espaldas de los 8.207.409 usuarios contemplados en las ocho categorías de clientes residenciales, que consumen el 19% del total del fluido.
Pero también, en un escenario de recesión económica, deberán pagar las industrias, que representan el 26% del consumo total de gas; las usinas, que demandan el 41%; quienes usan GNC en sus vehículos, que representan el 5%; y los comercios, con el 4%.
El resto está subsidiado en el marco de la Tarifa Social, según datos oficiales.
Por otro lado, las productoras de gas embolsarán $ 1.583,3 millones de dólares en 30 meses a partir del 1 de enero. El pago se abonará en pesos al tipo de cambio promedio de cada mes anterior a la cancelación.
Al tipo de cambio del mercado mayorista registrado ayer ($ 37,12), las 22 compañías embolsarán $ 58.772 millones de pesos en 30 meses, según el acuerdo al que arribó en abril el ahora ex ministro Juan José Aranguren con las compañías.
Teniendo en cuenta que el ministerio de Hacienda de la Nación trazó en el Presupuesto un dólar promedio de $ 40,10 para 2019, de piso las gasíferas embolsarán $ 63.489,5 millones. Esto, sólo si la proyección del Gobierno se cumple y el dólar no se aprecia más.
Por el Plan Gas, YPF percibirá u$s 792,1 millones; Pan American Energy, u$s 162,9 millones; Total, u$s 159,5 millones; Wintershall, u$s 120,8 millones; y Pampa Energía, u$s 90,9 millones. En la lista están también CGC, Petrobras, Sinopec, Tecpetrol, Shell y Exxon, entre otras.
El colosal fondo que se comenzará a pagar a partir de enero corresponde a la deuda que se generó principalmente entre 2016 y 2017, con el programa que se puso en marcha en 2013, bajo el gobierno de Cristina Fernández, destinado a estimular la producción de gas y a alcanzar, en primera instancia, el autoabastecimiento.
Las multimillonarias partidas que se destinaron para la promoción apenas sirvieron para acercarse al objetivo porque, tal como lo reconoció Iguacel, todavía se necesitan compras de gas al exterior para satisfacer la demanda interna.
El secretario de Energía aseguró que en los últimos dos años y medio se incrementó la producción de gas en Vaca Muerta hasta un 200%, pero advirtió que "todavía tenemos que importar gas en el invierno".
Durante su gestión, Aranguren puso en marcha un renovado Plan Gas con beneficios para impulsar la producción de Vaca Muerta. El nuevo esquema contempla el pago de un valor decreciente del gas durante los próximos cuatro años, que comenzará en U$S 7,50 por millón de BTU en 2018 y descenderá a razón de 50 centavos de dólar por año hasta cerrar en U$S 6 en 2021.
Si se la compara, la deuda con las petroleras por el Plan Gas representa el 63% de la partida presupuestaria que el gobierno nacional prevé enviarle a la provincia de Mendoza el año próximo, que asciende a $ 107.746 mil millones.
Más radicales critican esta decisión del gobierno
Solamente el Gobierno defiende la suba tarifaria del gas para compensar la pérdida de las empresas distribuidoras por la devaluación, porque inclusive importantes referentes de Cambiemos salieron a criticarla.
A los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy) se les sumó otro referente oficialista, el senador pampeano Juan Carlos Marino, quien sostuvo que la cuestión tarifaria "no puede seguir impactando en la clase media" y afirmó que la resolución de Energía "es desafortunada".
"La carga no puede recaer siempre en el eslabón más débil", dijo Marino, quien el año que viene peleará por la Gobernación de La Pampa.
A su vez, otro senador radical, Eduardo Costa, le advirtió al Gobierno que "los usuarios no pueden afrontar un aumento semejante". "El Gobierno nacional debería contemplar el caso de los santacruceños", dijo el legislador nacional, que también aspira a ser gobernador de su provincia el año próximo.
Al presidente Mauricio Macri y al secretario de Energía, Javier Iguacel, que el lunes defendieron la polémica resolución, se le sumó ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien afirmó que el aumento "no es ilegal ni inconstitucional".
Claves
La resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, con apoyo del presidente Mauricio Macri, establece que los usuarios del gas deberán pagar a partir de enero 24 cuotas con intereses de entre 90 y 100 pesos en promedio para compensar la pérdida que sufrieron las empresas distribuidoras, como Ecogas, por la devaluación.
Las distribuidoras compran gas en dólares y se lo venden a los clientes en pesos. Cuando fijaron sus tarifas lo hicieron con un dólar a 20 pesos o menos. Pero cuando tuvieron que pagarlo, ya cotizaba a entre 28 y 38 pesos.
Eso originó una deuda de las distribuidoras con las productoras, que según fuentes del sector asciende a unos 10.000 millones de pesos. Eso es lo que deberán pagar todos los usuarios del gas, por decisión del Gobierno.