Otra prórroga del amparo que mantiene frenados los ajustes desde 2014, esta vez por 40 días, encamina al dilatado litigio de casi 20 meses por las tarifas de gas natural en Mendoza hacia una sentencia definitiva de la Justicia Federal.
Es que, luego de decidir la extensión, la Justicia intimó a Ecogas a presentar una pericia contable antes de resolver la cuestión de fondo de la causa: si, tal como lo definió en su momento la Secretaría de Energía de la Nación, corresponde actualizar los cuadros vigentes en la provincia.
El expediente 9282/14 caratulado "Protectora c/Enargas y Ots p/Amparo" en poder del Juzgado Federal Nº 2, acaba de incorporar otra foja que parece concluyente para un dictamen apenas iniciado el otoño.
"En primer lugar, entiendo que a la fecha no ha existido variación de las circunstancias determinantes para el dictado de la medida, ni para sus prórrogas. Entiendo también que las actuaciones cumplidas en la causa evidencian, no obstante sucesivos recursos planteados por las partes, una conducta activa tendiente a incorporar elementos de prueba necesarios para resolver el fondo”, expresó la jueza Olga Arrabal.
Distribuidora de Gas Cuyana ofreció en octubre de 2015 una serie de pruebas para sostener la necesidad del aumento. Ante esto, el Tribunal ordenó una pericia contable de la que, ya entrado 2016 y luego de una ampliación de plazo solicitada por el perito, no se conocen resultados aún.
Protectora había redoblado la apuesta en su planteo a la jueza responsable de la causa. Además de una extensión por 120 días (el máximo posible por ley) fue por más: solicitó a la magistrada que intime a Cuyana a presentar la mentada pericia, clave para la sentencia definitiva. Arrabal lo tradujo en una intimación a la empresa.
José Luis Ramón, apoderado de Protectora, hace hincapié en la vigencia temporal de la medida cautelar autosatisfactiva a partir de “un parámetro objetivo que permita la correcta protección de los usuarios del decreto impugnado”. Su argumento: proteger a 165.000 usuarios, “de una empresa que presta un servicio público en forma monopólica”.
Hasta ahora, el criterio de Arrabal viene sustentándose en que las condiciones y variables económicas que inicialmente motivaron la admisión del amparo hace 2 años, persisten. Busca dar más tiempo a las partes “para sustanciar pruebas”.
Intimación y fallo para marzo
Por su parte, Distribuidora de Gas Cuyana sostiene su estrategia de justificar la necesidad de actualización de tarifas. Con cierto atisbo de confianza (“todo indica que nos encaminamos a la sentencia”), remarcan que todas las pruebas para el peritaje ya se sustanciaron, pese a que la última resolución judicial la intima a que en 10 días produzca la “prueba pendiente oportunamente ofrecida, bajo apercibimiento de ley”.
Según Gustavo Boullaude, representante legal de Cuyana, “la actualización de la tarifa se produjo mediante actos administrativos válidos y para demostrarlo se sustanciaron pruebas documentales y testimoniales, como declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Energía”.
Ante el lógico recaudo para no prejuzgar, en el tribunal prima la cautela sobre lo que viene. Para la secretaria del Juzgado, Natalia Neme, si bien hay pruebas sin producir “la cercanía de una sentencia es uno de los factores” que pueden explicar porqué los 40 días de prórroga.
Desde el Enargas resaltan el dato: Mendoza es una de las 2 provincias que hasta ahora no actualizaron tarifas por un amparo, junto con Santa Fe.
Más allá de la concesión parcial otorgada por Arrabal en 2015 (hasta $ 22 por factura en concepto de costos por Transporte y Distribución), Boullaude destacó que el ajuste en 3 tramos bimestrales de abril a agosto de 2014 es válido. “Fue en función de la renegociación del contrato de concesión. Ni siquiera se trató de un ajuste integral de cuadros”, precisó.
Lo que resuelva Arrabal puede superponerse con un reacomodamiento tarifario que, como ya anticipó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, estará definido antes del invierno para asegurar el volumen del fluido en la época de mayor demanda. De ambas medidas depende cuánto paguen los mendocinos por el gas natural.
La más reciente extensión de la vigencia del amparo fue de 30 días, concedida por el juez subrogante Walter Bento en enero a partir de otro pedido de Protectora. Así, las riendas del caso vuelven ahora a manos de la titular del juzgado, que mantiene en suspenso su resolución sobre la cuestión de fondo: si la metodología del aumento es legal o debe llamarse a audiencia pública.
