El fallo de la Corte Suprema, que obliga a dar marcha atrás y facturar los consumos de gas en base “a los valores vigentes al 31 de marzo de 2016”, se tradujo en las resoluciones Enargas 3960/16 y 3961/16 que ayer mantenía a Ecogas con la facturación suspendida. En la empresa buscaban determinar el alcance de la bonificación pero con la certeza de que no en todos los casos deberá acreditar una diferencia en dinero, sino incluso cobrar saldo a favor.
Buena parte de los usuarios residenciales mendocinos pertenecen a la R3-4. A ellos se les facturará $ 1,76 por metro cúbico, o sea $ 0,62 por encima del valor unitario impuesto como tope del 80% por el fallo de la jueza federal Olga Arrabal ($1,14) que frenó el tarifazo en Mendoza. Y casi 3 veces más de lo que costaba en marzo último ($ 0,63).
En el caso de la R-1, la brecha sería de casi el doble (de $ 0,25 vigentes en marzo, a $ 0,44), en caso de aplicarse el cuadro con ajuste de 2015.
Esto es porque, según explican desde Enargas, “en principio, el cuadro tarifario a aplicar es el aprobado para 2015. Esto, dado que con el fallo de la Corte Suprema se darían por caídas todas las medidas cautelares y amparos”.
Cabe recordar que, más allá de las presentaciones ante la Justicia Federal a raíz del impacto de la quita de subsidios, las tarifas en Mendoza venían congeladas desde 2014 por un amparo de la ONG Protectora, cuyo dictamen (si corresponde o no) sigue en manos de la jueza Arrabal.
Enargas había emitido otra resolución, la 3352 de 2015, que fijaba aumentos, y que al judicializarse la causa nunca se aplicó en Mendoza. Ahora entraría en vigencia.
El contraataque
“Si se incumple, habrá denuncia penal, porque el fallo de la Corte alcanza sólo a amparos de 2016. De hecho, hay una causa en marcha por devolución con intereses”, retrucó José Ramón, apoderado de la ONG Protectora, parte de la cruzada anti-tarifazo.
En esa pelea, Protectora no descuida ningún frente. De hecho, además de participar de la audiencia pública del 16 de setiembre en Buenos Aires, logró el aval de la jueza Arrabal a una nueva prórroga por 30 días del amparo que desde 2014 mantiene frenada otra suba.
A su vez, Arrabal emplazó a Enargas y Ecogas a informar “si el cuadro tarifario 2014 continúa vigente o ha sido dejado sin efecto”, por las resoluciones 28 y 31 de 2016.
Pero la ONG redobla la apuesta con otra medida autosatisfactiva, contra el Estado nacional y Ecogas. El planteo: que la empresa, al acreditar dinero, incluya intereses “tal como se cobra a usuarios por pago fuera de término”.
Incertidumbre y quejas
¿Te llegó la factura? Es la pregunta común en la mesa familiar, café o trabajo. Y cabe tanto a las que deben recalcularse como las pendientes desde que Ecogas las suspendió.
Carlos (64), vecino de Godoy Cruz desembolsó $ 580 en mayo. “Fue la última que pagué. Después vino el tarifazo, y en Ecogas me dijeron que iban a refacturar con dos cuotas. Pero hasta ahora nada”.
¿Preocupa la próxima? “Y, todo lo que pasa hace ruido, pero no creo que venga un monto exagerado”, consideró.
La diversidad de situaciones no discrimina zonas ni poder adquisitivo, como pasa en un barrio privado de Guaymallén. “Hay vecinos a los que le llegó $ 9.000 y le refacturaron $ 3.000; hasta una casa que usó aire acondicionado todo el invierno y pagaron $ 170”, cuenta Sebastián (38), jefe del hogar con su esposa y 3 hijos.
Otros usuarios optan por no correr riesgos. Esteban (45), que vive en Rodeo del Medio, abonó $ 200 en marzo y 80% más en mayo.
“Prefiero que me devuelvan la diferencia en otra factura y no atrasarme. Pero pagar el gas puede ser más caro que los remedios”.
Los grandes consumidores (SGP), por su parte, ya iniciaron su cruzada vía cámaras empresariales para que la Justicia también borre el tope del 500%.
Ayer CAME y FEM presentaron un amparo contra el fallo que frenó la suba de la tarifa del gas sólo para los usuarios residenciales.
Una oficina comercial en pleno centro inició el suyo por una factura de $ 184. Es decir, poco más de $ 6 diarios.
Sin aviso de corte por 60 días y hasta en 4 cuotas
Lo cierto es que las últimas resoluciones disipan el temor de corte del servicio. Además, asegura que los consumos, tanto los facturados e impagos como los que quedaron por facturar, se financiarán hasta en 4 meses desde setiembre.
En tal sentido, la resolución 3961/16 dispone que “por el término de 60 días corridos desde la entrada en vigencia (de la medida) las prestadoras del servicio no podrán aplicar los mecanismos de notificación de deuda previo al corte de suministro por falta de pago”. Esto se aplica a la facturación de consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016.
Pero además, el Ente obliga a “brindar a los usuarios la posibilidad del pago de montos adeudados en 4 cuotas mensuales consecutivas, iguales, sin intereses ni recargos, debiéndose establecer el vencimiento de la primera de dichas cuotas a partir de setiembre de 2016”.