La primera semana de vida del amparo que suspendió el tarifazo del gas hasta fines de agosto arrancó con varias confirmaciones. Por un lado, que las boletas recibidas no tendrán que pagarse, a la espera de que Ecogas refacture con un tope del 80%, en tanto que los usuarios que pagaron podrán reclamar por la diferencia ante la empresa. Por otro, la Provincia elevó un pedido al ministro de Energía de la Nación Aranguren para que, una vez extinguida la suspensión judicial, la quita de subsidios que disparó los montos se haga hasta en un año.
La jueza federal Olga Arrabal, quien resolvió el viernes suspender la Resolución del Enargas que aprobaba los nuevos cuadros con subas de hasta 700%, le confirmó ayer a funcionarios provinciales que las boletas recién llegadas a los domicilios serán sustituidas por otra serie. En esta nueva coyuntura, según confirmaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, “Ecogas no podrá efectuar cortes de servicio hasta tanto se regularice la situación de los usuarios, y quienes ya pagaron podrán gestionar la acreditación del saldo a favor en las próximas facturas”.
Ayer hubo un doble contacto del Ejecutivo con los jueces federales. Mientras el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, acompañaba a los intendentes del Sur provincial en una presentación ante el juez Eduardo Puigdéndolas (ver aparte), el subsecretario de Justicia, Marcelo Dagostino, se reunió con Arrabal para precisar los alcances de su dictamen.
“Queríamos saber además qué tienen que hacer los mendocinos con las facturas. La jueza confirmó que, hasta tanto Enargas reelabore los nuevos cuadros tarifarios, desde ahora y durante los próximos tres meses Ecogas deberá refacturar, sin exceder un tope del 80% de ajuste”, aseguró Dagostino, además de subrayar que no puede haber cortes.
Para el funcionario con todo lo actuado la Justicia busca ganar tiempo. “Es a los efectos de que se resuelva la aplicación de tarifas similares a las de La Pampa”, reafirmó.
En línea con el planteo, desde la ONG Protectora, promotora del amparo que culminó con la decisión judicial de suspender por 90 días el tarifazo, adhirieron al mensaje, aunque con algunos recaudos.
Según uno de sus apoderados, José Luis Ramón, lo lógico es no pagar, y en caso de haberlo hecho, solicitar un crédito a Distribuidora de Gas Cuyana. Por lo demás, el abogado subrayó la importancia de “a la hora de rediseñar los nuevos cuadros, hay que equiparar a Mendoza con las temperaturas reinantes en La Pampa”. Aunque adelantó una apelación de la ONG ante la Cámara Federal en la mañana de hoy por la proporción de las subas autorizadas.
Detrás del gradualismo
Preocupado por el escenario y para minimizar el costo político cuando en primavera suban las temperaturas y también las tarifas por la poda de subsidios, el Gobierno también tomó cartas en el asunto ante la Nación. De hecho, el ministro de Energía, Juan Aranguren, analiza el pedido de Mendoza: aplicarla durante 12 meses.
Aún a costa de una grieta, desde el Ejecutivo garantizan que el escalonamiento solicitado tiene consenso de cámaras empresarias e intendentes. “El espíritu es que la solución no sea judicial, sino definida con la Nación. Por eso le planteamos a Aranguren que la quita de subsidios se aplique a lo largo de un año”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, tras la presentación ante la Justicia federal sureña.
Marinelli resumió la postura oficial del Gobierno local que se distancia de la Nación respecto a la metodología del llamado “sinceramiento” de tarifas. “Compartimos la política de reducción de subsidios, pero no la forma en que se hizo. Fue un error. Hay que encontrar rápido la solución de fondo y ser creativos”, señaló sobre la estrategia judicial-administrativa.
Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero consolidó la postura oficial, al asegurar que “no se pueden corregir desvíos tarifarios de manera abrupta. Hay que remontar el sistema productivo y no ayuda que lleguen facturas con costos elevados”.
En tal sentido, para Montero “el problema es que fue aplicado en el contexto inadecuado, justo en invierno cuando hay mucha vulnerabilidad y ni la gente, ni empresas pueden afrontar el aumento. Cuando fui senadora con el resto de los legisladores hablamos de que el mejor modo de salir era ser cautos, sin que tuviera un impacto tan regresivo y nocivo”.
Desde Protectora también avalaron el planteo a la Nación. “Gradualismo debiera haber habido desde el principio. Es imposible semejante ajuste de un día para el otro”.
Por ahora, la gestión ante la Nación se circunscribe a los cuadros tarifarios de gas natural, y excluye al servicio eléctrico. Otro tema por el que la administración Cornejo busca definiciones.
Es que está agendada una reunión con el subsecretario de Planificación Tarifaria, Andrés Chambouleyron para definir la posible restitución temporal de subsidios a más de 280 empresas de Mendoza.
Apelación ante la Cámara contra el tope del 80%
Cuando recién está pasándose en limpio lo que los usuarios mendocinos pueden y no pueden hacer con las facturas, Protectora ya decidió ir por más. En concreto, hoy irá a la Cámara Federal de Apelaciones en desacuerdo con el tope del 80% de incremento avalado por la jueza Arrabal.
“Vamos a apelar porque constituye una decisión no acorde a la situación de los usuarios y a la necesidad de un audiencia pública donde se expongan los números, tal como lo hemos reclamado desde 2014. Además, los ajustes deben ser hacia adelante y no contemplar retroactividad”, anticipó Ramón sobre los fundamentos del reclamo.
Asimismo, el apoderado de Protectora resaltó el efecto devolutivo de la medida en cuanto a la obligatoriedad de Enargas de definir nuevos cuadros, “a la espera del dictamen de la Cámara”, señaló. Pero, a criterio del secretario Marinelli, hay otra pata descuidada. “Se necesita mejorar la información respecto a los cambios tarifarios”, redondeó.
