A diez días de que finalice el mes, el Gobierno nacional debe tomar una decisión sobre el precio de los servicios públicos. El congelamiento tarifario rige hasta el próximo 31 de mayo, y durante abril se pagó la última cuota del diferimiento tarifario de gas 2019, y con la temporada invernal cerca, aún no se ha tomado una decisión sobre si se prorrogará o no esta medida.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estableció que las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas quedarían congelados por 180 días, un periodo en el que se buscaría reducir la "carga tarifaria real", para llevar un alivio en lo que pagan hogares y empresas. Sin embargo, con la cuarentena de por medio, algunos tiempos se estiraron, y desde la Secretaría de Energía de la nación señalaron que están estudiando el tema.
Por el momento, desde el Enargas (Ente Nacional Regulador del GAS), señalaron que se trabaja en un cambio de la metodología de comercialización del gas, que redundaría en precios más accesibles para los usuarios y que fue propuesto por las mismas distribuidoras.
Federico Bernal, Interventor del Ente, señaló que se conformó una mesa de trabajo con las distribuidoras, y las mismas licenciatarias presentaron una propuesta que "apunta a que los contratos entre distribuidoras y productoras tengan precios justos y razonables, asegurando a la vez el abastecimiento futuro".
La nueva modalidad de compra no descarta el mecanismo de subasta para la adquisición del gas natural, aunque "evitando volver a caer en algunas imperfecciones que las mismas distribuidoras expusieron abiertamente en las audiencias públicas de principios del año pasado. La Ley nos provee una amplia variedad de herramientas multidisciplinarias muy adecuadas para una sana regulación del servicio", agregó Bernal.
En el caso de Mendoza, la distribuidora local (Ecogas) participó del encuentro, y forma parte de la mesa de trabajo en la que se estudian reducciones de costo, desde la eficiencia en la compra del gas. Es que en la factura que llega a los usuarios, de cada $ 1.000, se calcula que el 44,2% corresponde al pago del gas que abona el productor (la distribuidora no gana ni pierde con este ítem), el 21,1% se va en concepto de impuestos, el 8,2% en transporte y el 26,5% restante corresponde al costo de distribución, operación e inversiones.
La mesa de trabajo incluye también al sector productivo, por eso con anterioridad se reunieron funcionarios del Enargas y de Enería, con las productoras del gas, con el mismo fin. Dicha reunión busca "lograr tarifas justas, razonables y asequibles", según indicaron.
Por otro lado, se espera que se "promueva la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo", para lograr "tarifas justas, razonables y asequibles", completó el interventor, en el marco de la Ley 24.076 (que regula el transporte y distribución del gas natural).
Diferimiento, tarifas y consumo estimado
Si bien se suspendieron los incrementos tarifarios, los usuarios de Aysam (Aguay Saneamiento), alcanzaron a percibir el incremento del 14 de enero (60%), y en marzo un 20% más. Para junio estaba prevista la tercera parte (20%), pero fue suspendida por el Gobierno provincial.
De esta manera, la tarifa mínima que al 14 de enero era de $776,80 bimestral, alcanzó los $1.491,45 en marzo (alrededor de $1.800 con IVA incluido), es decir que a la fecha registra un 92% de incremento aproximado. El impacto en la tarifa del agua se hizo notar, dado que en los dos años previos, no se habían autorizado aumentos para este servicio.
En el caso del gas, los usuarios no están pagando ningún incremento, pero según la resolución 336/2019, la Secretaría de Energía de la gestión anterior, dispuso que se diferiría el 22% de los consumos de invierno durante los meses de verano, y eso se terminó de pagar con la boleta de abril.
En tanto que, dadas las dificultades que tienen algunas empresas para tomar la medición en cada hogar, el Enargas resolvió que "las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes, en el contexto de la pandemia, deberán realizar estimaciones de consumo en favor del usuario", tomando como referencia el menor registro de consumo para el mismo periodo de los años 2017, 2018 y 2019. En caso de diferencias entre lo consumido y lo que se cobró, el usuario podrá recurrir a una "declaración jurada" para solicitar la adecuación.
En cuanto a la electricidad, José Álvarez, titular de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), explicó que "si se tiene en cuenta la actual situación económica sumada a la pandemia, se está mirando hacia Buenos Aires para ver qué se decide (sobre el congelamiento de tarifas)", no obstante las empresas arrastran un atraso tarifario a diciembre de 2019 del 45%.
"El incremento debería entrar en vigencia a mitad de este año, esto sirve para que las cooperativas podamos asegurar el servicio eléctrico, mejorándolo con obras, y comprar insumos, combustible, afrontar el pago de salarios, y todo lo necesario para seguir funcionando dentro de la normalidad que viva la provincia", agregó Álvarez.
Sin embargo, el titular de FACE destacó que en Mendoza se ha trabajado con una "gran previsibilidad en donde el ente de control (EPRE) y el ministerio, han tratado de que el servicio eléctrico no sufra alteraciones, a pesar de los inconvenientes que hoy general al pandemia", y no descartó las preocupaciones por las facturas de los próximos meses, y las dificultades de los pagos que se observan entre los usuarios.
Prohibición de corte
El decreto de necesidad y urgencia 311/220 agregó la prohibición de corte (para pymes y sectores vulnerables) al congelamiento que ya había sido definido por ley. Así, también con vigencia hasta fin de mes (fue prorrogado a principios de mayo), estableció que no podrán "disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios las empresas prestadoras de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioléctrico o satelital", a los usuarios que e encuentren en mora por tres facturas consecutivas o alternas".
Esta situación, sumada a las dificultades de los usuarios para acceder a canales de pago virtuales generó que la mora alcanzara el 70% en la mayoría de los servicios, porcentaje que disminuyó al menos 10 puntos porcentuales con la habilitación de centros de pago y cajas de cobro en las propias distribuidoras.
Hoy, apenas cinco meses más tarde, las empresas están mandando facturas a sus clientes en donde hay consumos estimados ya que no se pueden ir a tomar los medidores consecuencia de la pandemia y la cuarentena. Además de que se estableció la prohibición del corte del suministros para aquellos consumidores que acumulen tres meses impagos.
