El frío se hace sentir en Mendoza, y al menos en lo relativo a la tarifa del gas que consumimos, será suficiente como para mantenerla congelada hasta el 30 de agosto.
Así lo dispuso el viernes último la Justicia Federal mendocina que, con una resolución firmada por Walter Bento, prorrogó la cautelar admitida en 2014, por la cual quedaron paralizados los incrementos autorizados en ese momento y otros más recientes, pese a los planteos contrarios tanto de Distribuidora de Gas Cuyana como del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas).
Es la segunda prórroga consecutiva en lo que va de 2015. La primera, a vencer el próximo martes 30 de junio, fue por 90 días. A pedido de la ONG que interpuso en su momento el recurso, el juez Bento, subrogante de la titular del Juzgado Nº 2, Olga Arrabal, le dio cabida a una nueva extensión que tensa aún más la cuerda con Distribuidora de Gas Cuyana S.A (Ecogas) y la Secretaría de Energía de la Nación.
Esto porque se emite un par de semanas después de otra resolución del Enargas tendiente a modificar las tarifas. El 5 de junio, el ente regulador sacó a la luz la 3352/15, con nuevos valores para las distintas regiones, incluida Mendoza, y pese a la cautelar.
Tras el fracaso de los argumentos de los representantes legales para lograr que el amparo caducara definitivamente, desde la empresa evitaron pronunciarse sobre la resolución de Bento. “Por el momento, nada cambia de la situación actual, y no genera impacto sobre los clientes”, consignó Belén Durán, vocera de la firma, sin develar si la estrategia será apelar o esperar a agosto.
Del otro lado, la posición, si bien por ahora denota satisfacción, advierte al mismo tiempo incertidumbre por considerar que la presión de la distribuidora persistirá hasta lograr su cometido, tarde o temprano.
A criterio del abogado José Luis Ramón, uno de los impulsores de la medida inicial por parte de la ONG Protectora, “por el momento, la medida obliga a que no se modifique lo dispuesto por la jueza en 2014, ante la medida del Enargas que pretende llevarse puesto lo resuelto en su momento por los jueces de Mendoza y San Rafael, y hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Por eso consideramos importante pedir al Gobierno que intervenga en esta instancia”.
Argumentos para el fallo
Dadas las circunstancias Bento añade un fallo de algún modo salomónico al Expediente 9282/14 caratulado "Protectora Asociación Defensa del Consumidor c/Enargas y Otros p/Amparo Colectivo" al hacerle lugar al pedido de una nueva prórroga.
En la balanza estaban, por un lado, los argumentos de Ecogas y del Ente regulador tendientes a rechazarla; por otro, los de la ONG, que inicialmente pedía extenderla otros 120 días.
Antes, la titular del Juzgado Nº 2, Olga Pura de Arrabal, ya había hecho un guiño a la distribuidora al limitar sólo al precio del gas la suspensión de las resoluciones 226/14 de la Secretaría de Energía de la Nación y la 2847/14 del Enargas, que confirmaban los nuevos cuadros tarifarios.
De ese modo, habilitó a la empresa a cobrar exclusivamente un aumento en los ítems “transporte y distribución” siempre y cuando la incidencia en las facturas no superara los $ 22 al mes.
Ahora, el alegato de Ecogas para hacer caer la cautelar fue el plazo máximo para prorrogarla, y el considerar que las excepciones permiten proteger a los usuarios impedidos de afrontar subas.
Así lo expuso Gustavo Boullaude, apoderado de Ecogas, al argumentar un “impedimento legal” para prolongar la vigencia del amparo por estar “vencido en exceso” el plazo de 3 meses. Y, en segundo término, rechazó cualquier afectación a los usuarios, debido a la existencia de un régimen de excluidos que “brinda plena protección a quienes no pueden pagar el incremento tarifario”.
A su turno el criterio del Enargas también cuestionó la legitimidad del recurso por su “carácter provisorio”. Y resaltó “que la actora no formuló oposición al acotamiento de la medida cautelar, intentándolo ahora extemporáneamente”, según resumió su representante Miguel Abdala en el expediente.
Finalmente, fue el magistrado quien ponderó dos aspectos para decidir: su concordancia con el criterio de Arrabal, su colega y titular del juzgado a cargo de la causa, y al evaluar que los fundamentos de la misma no variaron.
Bento comparte los argumentos vertidos por la Jueza Titular del Tribunal nº2, Olga Pura de Arrabal, en su resolución donde consideró procedente un pedido de prórroga solicitado por la actora en los mismos términos que el presente, atendiendo “al estado de la causa y el trámite impreso a estas actuaciones, como consecuencia de los sucesivos recursos formulados por las partes”.
Y en segundo término, en base a un análisis de la causa, concluye que “hasta la fecha, no ha existido una variación ni de las causas, ni de los fundamentos, ni de los distintos elementos de convicción que motivaron la concesión de la medida cautelar ya ordenada y prorrogada, encuadrando el presente pedido, en el supuesto previsto en el art. 202 del Código Procesal Civil”.
Piden que intervenga el Ejecutivo
A sabiendas de la presión de la distribuidora por descongelar las tarifas y lograr un incremento acorde a sus pretensiones, Protectora apostó a un cambio de estrategia apoyándose en otra pata: la intervención estatal. Por eso, Protectora envió una nota dirigida al gobernador Francisco Pérez, para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto.
“La solicitud apunta a que el gobernador intervenga, tal como lo hizo su par de La Pampa (Oscar Jorge), para impedir que se aplique un incremento en estas condiciones” consignó Ramón, en relación al escrito que también se hizo llegar al ministro de Energía, Zandomeni, y también a referentes del futuro Gobierno provincial, como el mandatario electo Alfredo Cornejo y el diputado nacional Enrique Vaquié.
Con un sumario de los puntos cuestionados para resistir un incremento de tarifas, en especial la falta de una audiencia pública en tiempo y forma, se pide a Pérez “intervención en defensa de los intereses de los ciudadanos mendocinos”, y expone la intención de “colaborar con el vasto conocimiento adquirido” por “la ardua lucha de los últimos 7 años”. Pero, además, compara el caso de La Pampa con Mendoza.
“Baste considerar que de haber contado con el apoyo de las decisiones políticas del Estado mendocino se habría podido evitar el largo conflicto judicial, tal como lo ha logrado La Pampa”, concluye.
Al respecto, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, adelantó que “no hay posición tomada, habrá que analizarlo porque la Provincia no es autoridad de aplicación. Pero políticamente en lo que podamos acompañar, lo haremos”.
