Uno de los logros que no se le puede negar a la vilipendiada “década neoliberal” fue conseguir el autoabastecimiento energético y tener excedentes para exportar. Hecho posible por la inversión privada, que incluyó la construcción de cinco gasoductos que conectan nuestro país con Chile. Nuestros vecinos gracias a las exportaciones de gas natural argentino lograron proveer a las principales ciudades, con un producto inexistente hasta entonces.
Desde 1998 y hasta 2004 envió gas con contratos que aseguraban el suministro por largo tiempo. Esta vinculación económica había contribuido también a mejorar notablemente las relaciones entre ambos países. Hasta que en 2004, en una de las típicas medidas sorpresivas, el gobierno de N. Kirchner cortó el suministro de gas a los vecinos, que quedaron estupefactos y con graves problemas. Las relaciones se deterioraron notablemente.
El argumento del gobierno fue que no podía exportar gas barato mientras un porcentaje importante de los argentinos no lo tenía. Lo que ocurría porque no existía la red de transporte y distribución, no porque faltara gas.
Los gobiernos chilenos, conociendo muy bien las veleidades de quienes gobernaban aquí, encararon un proyecto de gran envergadura para cambiar de abastecedor. Tarea compleja y costosa, en tanto el único proveedor cercano, Bolivia, por razones políticas había decido no venderles gas.
El proyecto consistió en construir dos modernas plantas de regasificación del gas natural licuado (GNL) importado de países del sudeste asiático. Las plantas se construyeron, una en el norte en el puerto de Mejillones, otra en la región central en el puerto de Quintero, y organizaron una aceitada red de abastecimiento de las mismas.
Mientras aquí la desastrosa política del kirchnerismo llevaba a la continua necesidad de incrementar las importaciones de gas y combustibles, que han costado más de 150.000 millones de dólares en estos años. Se aumentaron las importaciones de gas natural de Bolivia y como ese volumen era insuficiente se recurrió a la importación de GNL, que se regasifica en dos barcos especializados de altos costos de alquiler, localizados en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, respectivamente.
La importación de este producto se hizo a través de una compleja red, arrancando con ENARSA creada al efecto de adquirir combustibles, YPF luego de estatizada, y varios intermediarios (amigos del poder) que cobraron jugosas comisiones. La situación actual es la falta de gas lo que obliga, apenas comienzan los fríos, a cortar el suministro de gas a la empresas y grandes consumidores, con las consiguientes pérdidas económicas.
El gobierno nacional ha explicado que Bolivia no puede proveer mayor cantidad. Incluso estaría proveyendo una cantidad menor a la contratada, y la capacidad de equipos de los puertos de Bahía Blanca y Escobar no permite aumentar la importación. El gobierno ha dicho que su compromiso es lograr adquirir la mayor cantidad de gas para evitar cortes. Es necesario tener en cuenta que, además del gas, Argentina estaba importando fuel oil y gas oil para abastecer las usinas térmicas de generación de energía eléctrica.
Previendo lo que ocurriría en el invierno, ya en la visita que el electo presidente Macri hiciera a la presidenta Bachelet se exploró la posibilidad de importar gas de Chile, cuyas dos plantas tenían capacidad ociosa de procesamiento.
En enero se firmó el acuerdo y en febrero se iniciaron las pruebas para “mandar gas” a la inversa de cuando se exportaba. El contrato implica un volumen de 5,5 millones de m3 por día de mayo a setiembre. Una parte será inyectada en el puerto de Mejillones e irá por un gasoducto a Salta, otra en Quintero por un gasoducto que pasa por Mendoza; el gas es para abastecer al gran Buenos Aires. El país ahorrará US 46 millones en la compra de gas oil. Delicias de la década ganada.
