El Senado de la Nación aprobó esta semana una serie de modificaciones a la Ley de Educación Superior 24.521 del año 1995 que, entre otras cosas, prohíbe la toma de exámenes de ingreso y garantiza la gratuidad en las universidades públicas.
Así, el artículo 7 establece ahora que: "Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior".
Artículo 7: "Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior".
Aclara que el "ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador".
La normativa impactará así en los sistemas de admisión que tienen las universidades del país entre las que están la Universidad Nacional de Cuyo o la Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional.
"La nueva ley modifica de Educación Superior y regula a todas las universidades del país y eso nos incluye", señaló a Los Andes Víctor Ibáñez, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Cuyo.
"Respecto de la gratuidad no tenemos nada que decir porque no es novedad para nosotros, ya que somos una universidad pública y gratuita desde 1918", sostuvo Ibáñez.
"Respecto del ingreso irrestricto como está redactada en la norma pareciera que habrá una eliminación del examen de ingreso. Estamos a favor de tener más alumnos y mayo inclusión pero nuestro único reparo es que esperamos que esto venga acompañado de mayores recursos para hacer frente a la nueva norma".
Desde la UNCuyo consideran también que aún queda por ver cómo enfrentan situaciones puntuales como la crisis edilicia que puede surgir de un mayor volumen de estudiantes y, sobre todo, analizar cómo se enfrentará nueva disposición legal en carreras como Medicina que históricamente han tenido exámenes de ingreso más exigentes que en otras carreras.
"Si la ley contempla que se elimine toda restricción de ingreso deberá hacerse pero habrá que ver que interpretación se hace de la ley. Por ahora la única objeción que tenemos a la norma es que su implementación afecte la autonomía de la universidad si no se respalda con recursos", aclaró Ibáñez.
También indicó que por el momento en la universidad no tienen más datos que los difundidos en los medios. "Aún no sabemos cuándo se implementará ni tampoco cuándo se hará la promulgación de la ley", dijo el funcionario.
También sostuvo que la noticia los sorprendió ya que no estaban al tanto del tratamiento del proyecto y que pronto profundizarán sobre los detalles ya que por ahora sólo han establecido una postura y esperan tener mayor conocimiento una vez que la ley esté promulgada y establecidas las fechas de implementación.
Ingreso sin restricciones
En tanto, la legisladora del FpV autora del proyecto, Adriana Puiggrós, habló con radio Nihuil y detalló el artículo que habla sobre el ingreso irrestricto: "Acá lo que estamos sustituyendo es la posibilidad de que cada facultad dicte sus propias normas y decimos que esa debe ser una propiedad de cada universidad".
Luego aclaró: "La norma anterior decía que las facultades que lleguen a más de 50 mil alumnos, el regimen de admisión será definido por cada facultad. Así hubo facultades que fijaron sus propios exámenes de ingreso y no tenían en cuenta la decisión del estatuto de la universidad a la que pertencen por lo cual había una trendencia a independendizarse".
Reforma a la polémica ley de educación del 95
La otra reforma a la Ley de Educación Superior del menemismo es al artículo 2, con la cual se garantiza que el Estado argentino financie las universidades y la gratuidad de los estudios de grado.
Esta es una modificación exigida históricamente por docentes y estudiantes, pero rechazada por el Pro durante su tratamiento en el Congreso.
En el artículo se especifica que "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".
A su vez, garantiza que sean "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización" de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.
"La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena", indicó la autora que propuso las modificaciones, la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria).
"Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos", agregó.
Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe "suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización".
Las modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública. La modificación tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el Pro.
"Hace 15 días el Pro ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor", apuntó Puiggrós.