Hay un cargo en manos de un hombre cercano a los organismos de derechos humanos, que fue nombrado por Francisco Pérez en 2014: el procurador de las Personas Privadas de la Libertad Fabricio Imparado. Ese cargo tiene un mandato de cinco años, que se cumplieron en febrero.
Alfredo Cornejo eligió a su sucesor, más cercano al Gobierno provincial. Se trata del actual director de Promoción del Liberado Luis Romero. Mañana es la audiencia pública y hay quienes esperan la movilización de organismos de derechos humanos para rechazar el nombramiento; Sólo se ha presentado una impugnación, firmada por varios militantes de los derechos humanos y se viene una pelea judicial.
El licenciado en ciencias políticas y administración pública Luis Romero juntó 350 adhesiones a su postulación.
La pelea por el cargo tiene mucho de simbólico. El nombramiento de Romero implica arrebatarle a los organismos de derechos humanos un lugar que consideran propio. En esos espacios reina el garantismo y también varios militantes kirchneristas.
Por eso la pelea por un cargo de escasa relevancia se vuelve llamativa en época preelectoral. Cornejo pondrá un funcionario durante cinco años, es decir que ejercerá durante casi toda la gestión de su sucesor.
El 20 de febrero pasado, Los Andes informaba acerca de la realización de un concurso para seleccionar al sucesor de Fabricio Imparado en la Procuración de Personas Privadas de la Libertad.
En aquellos días, Imparado le decía a Los Andes que "el gobernador quería hacer un concurso, para darle más legitimidad al cargo y yo, en lugar de él, haría lo mismo".
El 15 de abril se hizo el concurso, que consistió en dos exámenes, uno escrito y otro oral, que fueron tomados por docentes de cátedras de derechos humanos de facultades de Derecho de Mendoza: Diego Lavado, Pablo Salinas y Andrés Rousset. Tres aspirantes quedaron en carrera. El orden de mérito fue encabezado por el actual procurador Imparado, en segundo lugar María Mercedes Duberti y en tercer lugar Romero.
Duberti es parte del staff de la organización de derechos humanos Xumek. Imparado también tiene vinculación con la misma entidad, que ha tenido algunos enfrentamientos con el Gobierno.
El mecanismo de selección es igual que el de un magistrado. Los tres mejores del concurso se elevan al gobernador y es el mandatario el que elige. Haciendo uso de sus atribuciones, Cornejo eligió a un cercano, sin pasado garantista, ni cercanía a Xumek.
La designación de Romero debe tener acuerdo del Senado. Ese trámite incluye la realización de una audiencia pública que se desarrollará mañana, mientras que la semana que viene se realizará la sesión de acuerdo en la que el oficialismo tiene el número para imponer a Romero.
El procurador de las Personas Privadas de la Libertad es además el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, dónde tienen representación todas las organizaciones de derechos humanos.
El cargo en disputa y la Comisión fueron creados por la ley 8.284. Allí se establecen las condiciones para ser procurador: ser argentino nativo o por opción, tener residencia de cinco años en la provincia, 25 años de edad y acreditar conocimiento en derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El cargo es remunerado; percibe lo mismo que un subsecretario del Ejecutivo, es decir el 90% de lo que cobra el gobernador de la provincia.
Pero desde los organismos agregan una condición para el procurador: esgrimen que ese funcionario debe controlar las políticas penitenciarias del Ejecutivo, por lo que debe garantizar imparcialidad y Romero es funcionario del gobierno de Cornejo.
Desde el Gobierno dicen que les extraña esa crítica, porque Imparado fue nombrado por Pérez cuando el ahora Procurador era oficial adjutor principal del Servicio Penitenciario y se desempeñaba en el Organismo Técnico Criminólogico (OTC), que hace el seguimiento de los detenidos de la provincia.
Claves
El mandato del Procurador del detenido dura cinco años. El actual funcionario en el cargo, Fabricio Imparado, asumió en febrero de 2014, por lo que su mandato está vencido desde hace 3 meses.
Cornejo llamó a concurso para seleccionar al sucesor. Los tres primeros en el orden de mérito fueron elevados a consideración del Mandatario y eligió al tercero quién es funcionario del Gobierno.
Los organismos de derechos humanos han reclamado. Presentaron dos recursos administrativos, que si fueran rechazados por el Ejecutivo, podrían llegar a la Justicia.
