Pérdidas por casi $ 42 millones en sólo un año en concepto de un pago “en exceso” del Impuesto a las Ganancias es el principal argumento esgrimido por el grupo Catena para emprenderla contra AFIP y el Estado nacional con un solo objetivo: lograr que se le autorice el ajuste por inflación de la base imponible del tributo, en virtud de los poco favorables resultados del ejercicio fiscal 2014.
La estrategia es una acción por inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073, cuestionada por la prohibición de aplicar el mecanismo.
La demanda también incluye al artículo 4° de la ley 25.561; artículo 5° del decreto PEN 214/02, “y de toda otra norma que haga inaplicable el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI y en los artículos 58, 61, 83, 84 y 89 de la ley del Impuesto a las Ganancias (20.628 -t.o. 1997-), y modificatorias”.
Así lo expresa el expediente 21.830/2014 caratulado “Bodegas Esmeralda S.A. c/ Estado Nacional y otro s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en manos del Juzgado Federal N° 3 y cuyos argumentos quedan expuestos en una comunicación formal a la Gerencia de Sociedades Emisoras de la CNV.
El principal es que la no aplicación del mencionado mecanismo de ajuste por inflación previsto en la Ley de Ganancias provocó al grupo vitivinícola “una absorción sustancial de su renta efectiva, generando un impuesto ilegítimo en exceso a ingresar”.
Según lo expresa por escrito Luciano Cotumaccio, presidente de Bodegas Esmeralda S.A en función de la facturación al 31 de marzo de 2014, la prohibición determinó que el grupo pagara en tal concepto $ 41.611.115,19 extra.
Para el grupo Catena, la cifra representa 144,45 % del impuesto a las Ganancias ajustado por inflación, 85,56% del resultado impositivo y 67% del contable.
Por eso, la compañía ya decidió liquidar el monto de Ganancias del ejercicio 2014 calculado en base al índice de ajuste el IPIM publicado por Indec.
En busca de respaldo legal, interpuso una medida cautelar para que AFIP “se abstenga de iniciar cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia de impuesto que a su criterio pueda resultar, o demandar judicialmente medidas en resguardo de ese supuesto crédito”.
Asimismo, solicitó a la Justicia Federal que adopte sanciones por incumplimiento de la normativa, al menos hasta que se resuelva definitivamente el amparo.
Desde Bodegas de Argentina, entidad que nuclea al grueso de los principales establecimientos vitivinícolas del país, observan que, de obtener un fallo favorable, dará pie a acciones similares de otras firmas también afectadas por el desfasaje de Ganancias.
“Muchos parámetros atrasados generan más ingresos al Gobierno y afectan tanto a personas como empresas. El perjuicio que provocan los topes relegados de Ganancias son el mejor ejemplo”, dijo el gerente de BA, Juan Pina.
Principio de confiscatoriedad
El de Esmeralda se encolumna entre los casos con un reclamo similar, como el que hizo Ecogas, pero es casi una novedad para la vitivinicultura.
La causa Candy S.A, de julio de 2009, es el principal antecedente porque logró un fallo favorable por el carácter “confiscatorio” del impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta que, sin inflación, el 35% del tributo casi se duplicó.
Según el especialista en derecho tributario, Carlos Schestakow, “la confiscatoriedad es un principio vinculado a la propiedad. Cada cual debe tributar sin que signifique una mengua significativa del patrimonio, pero no hay un confiscatómetro; hay que demostrar que los resultados ajustados por inflación son mucho menores”.
Para Schestakow, en el caso de vinos de alta gama y reservas hay que considerar una baja rotación. Además de la brecha entre el valor de venta actual y el costo de elaboración, cómo la ley terminará por afectar la amortización.
