La oposición asestó ayer un duro golpe al gobierno de Mauricio Macri, al acordar un proyecto común de Ganancias que reunió 140 votos y fue aprobado anoche en general contra 86 del oficialismo.
Ahora y de ser convertido en ley por el Senado, permitirá que en 2017 dejen de pagar este impuesto un millón de trabajadores de los dos millones que lo pagan ahora.
El costo fiscal del proyecto opositor será de 65 mil millones de pesos el año que viene -contra los 33 mil millones del proyecto de Cambiemos-, que serán cubiertos, según la oposición, con la creación de impuestos (unos 20 mil millones), más recaudación por consumo (otros 20 mil millones) y los 27 mil millones que figuran en el Presupuesto.
Pese a que la mejora de Ganancias perjudica a las finanzas de la Nación y a las provincias, porque el impuesto es coparticipable en un 50%, la ley fue acordada con la venia de gobernadores, pudo saber este diario.
Pero la palabra final la tendrá el Senado o el Presidente, que podría vetarla.
Los ex kirchneristas Sergio Massa y Diego Bossio y el referente económico del Frente para la Victoria-PJ, Axel Kicillof, acordaron el proyecto junto a Progresistas y Peronismo para la Victoria, entre otros bloques y lo presentaron en conferencia de prensa, mientras en el recinto se debatía la ley de Emergencia Económica. (Ver aparte)
“Sentimos que la oposición nos corrió el arco. Aquellos que durante 12 años no hicieron nada para solucionar la injusticia de este impuesto hoy son los voceros de una reforma regresiva”, bramó el macrista Luciano Laspina, al inicio del debate, en abierta crítica a Kicillof.
“Se quieren llevar por delante al Gobierno, generando desfinanciamiento”, insistió.
Kicillof reprochó que Macri durante la campaña afirmara: “‘El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar el impuesto a las Ganancias’”. Luego, el massista Marco Lavagna dijo que lamentaba “que el Ejecutivo no estuviera abierto al consenso”.
Mínimos y alícuotas
El proyecto aprobado establece que la alícuota mínima baja del 9% al 5% y la máxima sigue en el 35%, y que pagarán los solteros que ganen más de 33.500 pesos en bruto por mes y 44.000 los casados con hijos.
Esto supone un aumento del 40% para los trabajadores que menos ganan, según el nuevo esquema de escalas, y de un porcentaje menor para los de mayores ingresos.
El dictamen del oficialismo, en cambio, establecía un aumento del 15% en los mínimos no imponibles para solteros y casados, que iban a quedar en 21.712 y 25.231 pesos mensuales de bolsillo, respectivamente.
La iniciativa opositora determina, además, una actualización automática anual del mínimo no imponible, que afectará siempre al 10% de trabajadores registrados que más ganen, así como un aumento progresivo de las escalas.
Se actualizarán las escalas del régimen de monotributo con una suba del 100%.
Los nuevos jueces también pagarán
Otras novedades del proyecto opositor son respecto de los aguinaldos, que quedarán exentos en el caso de los salarios más bajos, y las jubilaciones, que quedarán eximidas hasta 60.000 pesos mensuales en bruto.
Además, los jueces que asuman a partir de 2017 deberán pagar Ganancias, no así los empleados judiciales.
Entre las deducciones, se incluyen los alquileres, con un tope de 66 mil pesos anuales, créditos hipotecarios, viáticos, horas extra y bonos de convenios laborales.
Nuevos impuestos
La oposición restituye en su iniciativa las retenciones a la minería (del 5%), que habían sido eliminadas en febrero por Macri, y crea un impuesto a las apuestas on line (7,5%) y otro para las tragamonedas (10% del valor de la máquina).
También crea un impuesto a las operaciones de dólar futuro y vuelve a gravar los dividendos (7,7%), la remisión de utilidades al exterior y la renta de las Lebac y los plazos fijos que superen el millón y medio de pesos (10%).
Asimismo, se subirán un 45% los mínimos no imponibles para los trabajadores patagónicos, del río Colorado hacia el sur, zona considerada desfavorable.
También se decidió la ley de emergencia social hasta 2019
La Cámara de Diputados aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto que prorroga la Emergencia Social hasta diciembre de 2019 tras un acuerdo político sellado entre diputados y senadores con más de 40 organizaciones sociales.
La iniciativa que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos hasta el fin del mandato del presidente Mauricio Macri fue sancionada con 227 votos a favor, sólo uno en contra que correspondió al salteño Alfredo Olmedo y cuatro abstenciones que fueron de los representantes del Frente de Izquierda (FIT).
La norma también prevé la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, como así también el “Registro Nacional de la Economía Popular (Rewnatrep)” y el destino de partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones.
A la hora del debate, la jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, sostuvo que “el proyecto es el mea culpa más vergonzoso de la política porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante”.
Por su parte, la radical Carla Carrizo señaló que con esta norma “no estamos creando una nueva herramienta” sino que “seguimos administrando la capacidad de supervivencia de la pobreza estructural”.
En el inicio del debate, el macrista Luciano Laspina sostuvo que la normativa “viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles” al tiempo que remarcó que no se trata de “una ley de emergencia en contra de nuestro gobierno”.
“Nos encontramos hoy con una pobreza que, según el nuevo Indec, ronda el 32 por ciento de los argentinos”, dijo e insistió en que “hemos heredado una crisis social dramática” de la que, resaltó, “nos hacemos cargo como gobierno”.
El massista y representante de la actual conducción de la CGT, Héctor Daer, advirtió al oficialismo que “no es el camino a la pobreza cero el que encaramos”, y llamó a poner fin al “asistencialismo de los planes sociales”.
En tanto, su compañero de bloque, Facundo Moyano, transmitió que esta ley debe ser “un pasaje a la formalidad laboral y el trabajo registrado”.
Néstor Pitrola, representante del Frente de Izquierda, manifestó su rechazo al acuerdo político con movimientos sociales que avalan la prórroga de la Emergencia Social con el argumento de que la ley nace “bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001” y aseveró que el pacto convalida “una red de precarización laboral”.
El diputado y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, apuntó que “nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga” y resaltó que “esta ley viene a plantear” el reclamo de los sectores sociales sobre “la necesidad de dar poder a los pobres”.
El polémico Alfredo Olmedo criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales “hacen cola para cobrar por no hacer nada” al tiempo que pidió a sus pares que “paren la mano, prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia”.
Diferente fue la opinión de la socialista Alicia Ciciliani, quien sostuvo que éste es “un reconocimiento de ese porcentaje de la población, que son excluidos, que quieren un trabajo digno, y dejamos estigmatizar” y transmitió que “tímidamente empezamos a cambiar el enfoque y empezamos a hablar de salario social”.
Pablo Kosiner (bloque Justicialista), dijo que “el salir de la emergencia social depende del impacto de las políticas de gobierno” y consideró que en la actualidad “estamos hablando de emergencia social porque han cerrado más de 2.500 empresas, porque ha habido 140 mil despidos”.
