La discusión en que han ingresado las autoridades del Casino de Mendoza con una empresa encargada del funcionamiento de los tragamonedas debe obligar a re-estudiar la situación en razón de que continúan trasladándose ganancias desde el Estado hacia los sectores privados, más aún cuando ese dinero recaudado por la Provincia está destinado a mejorar distintos sistemas de salud.
El funcionamiento del Casino de Mendoza fue autorizado por ley en 1960, oportunidad en que se ratificó “el derecho de la Provincia a la explotación de casinos dentro de su territorio” y años más tarde se estableció que todo el producido por la casa de juegos debía ser depositado en el entonces Banco de Previsión Social, que era propiedad de la Provincia.
En agosto de 1991, a través de la ley 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a instalar un anexo del casino en San Rafael, indicándose que la utilidad se distribuirá de la siguiente forma: el 50% a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (la que posteriormente fue transferida a la Nación) a los efectos de ayudar a paliar el déficit de la misma; el 20% al municipio de San Rafael y el 30% restante entre los demás municipios, tomando como base la distribución que establece el Régimen de Coparticipación Municipal.
Meses más tarde, por la ley 5.775 se autorizó la instalación y funcionamiento de casas de juego en los hoteles 5 estrellas, fijando, entre otros conceptos, que las mismas no podrán exceder el 4% de la superficie total del establecimiento hotelero, un aspecto que generó más de una discusión en años posteriores.
Lo preocupante de la situación radica en los cambios que se produjeron respecto de las ganancias, que, de ser la totalidad para la provincia, pasó a ser compartida con sectores privados como consecuencia de la instalación y el funcionamiento de los tragamonedas.
Porque, por distintas circunstancias, los porcentajes de distribución de las ganancias se han ido modificando sustancialmente y de un 26,23% que percibían por la “prestación (¿)” del servicio, pasaron a percibir un 33,92%, de allí se pasó a un 40,09% y finalmente reclaman un 47%.
Así entonces, de acuerdo con las estimaciones, el sector privado factura un 70% más que en 2011, mientras el casino recibe prácticamente lo mismo y, de elevarse el canon a 47% la empresa ganaría aún más y la provincia resultaría perjudicada. No se entiende entonces la presión y mucho menos cuando existen denuncias que indican que la empresa no ha cumplido con la incorporación de nuevas máquinas, ni ha invertido el dinero prometido cuando se le subió el canon.
Por otra parte, y en su afán desmedido por sumar réditos, las empresas concesionarias de los tragamonedas se oponen a abonar un canon de 300 pesos mensuales por máquina -lo que equivaldría a la recaudación de un día, según se indica- los que estarán destinados al funcionamiento de las salitas de 4 en el sistema educativo. Para ellos, entonces, todo debe ser ganancia pura y no están de acuerdo con derivar una mínima parte a una iniciativa que va a favor de toda la comunidad.
Ha llegado el momento en que el Estado actúe con la responsabilidad y firmeza que el caso exige. No se puede seguir cediendo espacios respecto de las ganancias que otorga el juego y mucho menos ceder ante las excesivas pretensiones de los denominados “concesionarios”, quienes en definitiva terminan siendo el “socio” más favorecido en la repartición de dividendos.
Es más, debería realizarse un estudio exhaustivo sobre el tema y estudiar la posibilidad de volver al porcentaje original que se estableció cuando se suscribió el primer acuerdo.
Si se fija ese criterio, los que ganarán serán los mendocinos, por la derivación social que tienen esas ganancias.
