De a poco la tan esperada ley de Ética Pública está funcionando en plenitud. Esta semana venció el plazo para que los llamados "sujetos obligados" del Estado presenten ante la Oficina de Investigaciones Administrativas todos sus bienes más las de sus cónyuges o convivientes.
Gabriel Balsells Miró es el político encargado de controlar no solamente posibles irregularidades en la gestión del Poder Ejecutivo, sino que su trabajo ahora tiene un universo más amplio, el de los tres poderes del Estado, los 18 municipios y concejos deliberantes e incluso sindicalistas y los proveedores y concesionarios del Estado.
El radical fue propuesto por el gobernador, Alfredo Cornejo, y convalidado por el Senado en abril de este año para dirigir la Oficina. No obstante, si bien hubo algunas críticas por su pertenencia al partido centenario, indicó en su momento que trabajará "con total libertad", tal como lo habló con el Gobernador cuando le propuso el puesto.
De bajo perfil, el abogado de 55 años y docente de la Universidad del Aconcagua ya tuvo que actuar en un caso que despertó el interés de la clase política, cuando sostuvo que Raúl Rufeil, quien era director del hospital Notti y concejal de San Martín por la UCR, estaba en "incompatibilidad de horarios", por lo que debía renunciar a uno de los dos puestos -finalmente decidió que sería solamente edil-.
No obstante, el trabajo al frente del control de los políticos comenzará con más fuerza ahora, cuando ya cuenta con una base de datos de más de 5.000 "sujetos obligados", entre políticos, administrativos y estatales que manejan recursos del Estado.
Tanto él como los trabajadores de la Oficina de Ética Pública compararán el patrimonio con el que entran y salen no solamente los políticos y funcionarios de peso, además de los sindicalistas y magistrados, sino que también abarcará a cada estatal que maneje recursos del Estado, como puede ser un agente del Casino de Mendoza que trabaja en una mesa de póquer o blackjack.
La mayoría de los sujetos obligados, como marca la ley de Ética Pública (8.993), ya presentó su declaración, pero los que todavía no lo han hecho arriesgan una multa de entre los 12.000 y 30.000 pesos.
Sin embargo, recién esta semana se prevé lanzar la intimación a los deudores de la información de sus bienes, y de ahí tendrán 10 días para subir los datos a la web de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.
El camino de las declaraciones
Hasta hace pocos años, era difícil tener acceso a las declaraciones juradas de los políticos de la provincia, una herramienta clave para casos de investigación sobre la evolución de un patrimonio y posibles casos de corrupción con recursos del Estado.
En 2015, cursando las últimas semanas de la gestión de Francisco Pérez, el ex gobernador presentó un decreto obligando que los funcionarios de Gobierno presentaran sus bienes personales, luego de no poder encarar una ley de Ética Pública que había anunciado en 2013.
Sin embargo, el famoso decreto 1.789 tuvo varias críticas, sobre todo de la oposición, que estaba encarnada en ese momento por el radicalismo, con Alfredo Cornejo como el gobernador electo de la provincia.
El Mandatario no solamente criticó el "oportunismo" de Pérez, que junto a sus funcionarios solamente presentaron ante Fiscalía de Estado cómo saldrían con su patrimonio, pero no de cómo habían ingresado y cuál sería la evolución de sus cuentas.
También dijo que no se fijaban patrones claros para las presentaciones, que no estén incluidos todos los poderes del Estado y, claramente, la falta de poder de un decreto comparado con una ley de Ética Pública, que fue la que finalmente se votó.
Además del control anticorrupción en el Estado, Balsells Miró también se encargará de que se aplique de manera correcta la ley de Acceso a la Información Pública, una norma que era deuda desde hace años y que también se aprobó este año, a fines de mayo.
Datos públicos, con información de relevancia jurídica, institucional, organizativa y de planificación, deberá estar disponible para cualquiera que lo requiera, por parte del Gobierno provincial. En este sentido, la Oficina aguarda que todos los departamentos adhieran a la norma provincial.
Perfil
Gabriel Balsells Miró. Abogado desde los 28 años, está casado, tiene dos hijos y es docente universitario y también de secundarios. Su último paso como político fue el de Diputado provincial por el frente Cambia Mendoza, cargo que finalizó en mayo de este año. Arrancó a trabajar con un puesto en el Estado en 1995, cuando fue director de Asuntos Legales de Capital, cuando Roberto Iglesias era intendente.
