En un deporte tan masivo como el fútbol, es habitual en nuestro país y en todo el mundo donde prolifera, que las más variadas mafias intenten lucrar con el fenomenal negocio económico que anida detrás del juego y los jugadores. Sin embargo, para estos delitos existen muchas normas que limitan el accionar de los malvivientes y aunque no siempre logran sus resultados, lo cierto es que las sanciones vienen avanzando en su efectividad.
La excepción es la Argentina donde en los últimos años se ha incrementado ese accionar delictivo. Estamos hablando de algo que también, de un modo u otro, siempre ha existido, aquí y en todas partes: la conexión entre fútbol y política, y por ende entre mafia del fútbol y política. No obstante, en nuestro país esa relación se ha vuelto central.
Ello tiene relación con una decisión política del gobierno de los Kirchner, como fue la de que el Estado inventara y se hiciera cargo del programa llamado “Fútbol para todos”, por el subalterno objetivo de atacar a un medio de comunicación independiente al que consideraron su enemigo.
De hecho, “ Fútbol para todos” fue una especie de anómala estatización nacional de dicho deporte, porque con la excusa de pagarle a los clubes por la televisación gratuita de todos los partidos, lo que hicieron fue subsidiar indirectamente a dichos clubes que ya desde antes se hallaban en una mala situación económica.
El dinero estatal, vale decir, el de todos los ciudadanos, comenzó a llover para los dirigentes que vieron con ello una oportunidad de seguir con sus ineficiencias porque ahora les sobraría dinero para hacerlas. Así, con el tiempo y con más de diez mil millones de pesos entregados por el Estado a dicha actividad y dicho programa, lo único que se logró es que la crisis del fútbol se multiplicara infinitamente. A más dinero peor fútbol, pero sobre todo peor situación financiera de los clubes. Paradoja que se dió porque los recursos económicos fueron utilizados para los peores fines.
Frente a esa inmensa masa monetaria, ocurrió lo que era también previsible: a los tradicionales dirigentes del fútbol comenzaron a sumarse una tanda enorme de políticos y sindicalistas que vieron allí la mina de oro para financiar sus actividades y, por supuesto, contribuir a llenar las arcas personales y familiares.
Así, reputados (no precisamente por su buen nombre) dirigentes sindicales se apoderaron de clubes enteros y lo mismo hicieron ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Para lograrlo convocaron a las mafias permanentes del fútbol, pactaron con ellas y las pusieron a su servicio. De ese modo, a la corrupción multiplicada, se le sumó la violencia como modus operandi permanente en los partidos.
Con ese cóctel infernal de subsidios a discreción, mafias al servicio del poder político y políticos devenidos en mandamases del fútbol, al finalizar el gobierno anterior ya no había club que no hubiera quebrado de hecho o de derecho, y tampoco había partido donde pudieran asistir las dos hinchadas porque sino el caos y el desorden pondrían en peligro la vida del público en general.
Felizmente, en una medida sensata, el actual gobierno eliminó ese lesivo programa pero, sin embargo, los efectos producidos por el mismo permanecieron, como se viene viendo, siendo la mayor expresión de tal desmesura la imposibilidad de poder realizar en la Argentina el final de la Copa Libertadores entre Boca y River, dos equipos nacionales.
Es por eso que hoy la lucha contra las barrabravas tiene que ser algo aún más profundo, porque de lo que se trata es de penetrar en las estructuras corrompidas del fútbol profesional y desmantelarlas una a una para volver a una situación de mediana normalidad.
Lo cierto es que para ello debe prohibirse en todo lo posible que los dirigentes políticos puedan a la vez conducir clubes de fútbol. Es una más entre otras muchas medidas, pero se trata de algo esencial porque tal combinación es destructiva.
